Punta Cana, RD.- La persistente invocación de justicia de un pueblo encuentra justificación no sólo en hechos palpables y susceptibles de ser conocidos en los tribunales, sino también en el repudio colectivo que genera la apatÃa de las autoridades para investigar a personas señaladas como delincuentes o criminales. Quizás esto explique el interés que en las últimas décadas ha mostrado la sociedad dominicana en aquellos casos sonoros vinculados a indelicadezas y abusos de toda clase cometidos contra los recursos del Estado.
La propia clase polÃtica suele negar, con marcada frecuencia, que en República Dominicana la corrupción sea un germen enquistado en las estructuras de poder, y hay quienes incluso todavÃa la califican como hechos aislados. Sin embargo, al margen de esas valoraciones más que nada subjetivas y a todas luces interesadas, lo cierto es que la corrupción en nuestro paÃs se ha convertido en un flagelo más poderoso que la voluntad misma para combatirla con la firmeza y determinación que requieren las circunstancias.
En las últimas dos décadas, la población dominicana se ha unificado en torno al reclamo de que los responsables de multiplicar la pobreza en nuestro paÃs por culpa de la corrupción sin castigo, sean severamente sancionados sin contemplaciones de ningún tipo.
El hastÃo social por la cultura de impunidad en esta media isla deviene de la manera insolente con que personas que ocuparon posiciones importantes en el Gobierno, de origen humilde muy conocido, restriegan fortunas escandalosas que no pueden justificar en modo alguno. Y mientras somos testigos involuntarios del ignominioso espectáculo de exhibición de riquezas mal habidas, en el lado opuesto de la vida, miles de familias intentan sobrevivir en escenarios de miserias irritantes, con escasas posibilidades de mejorÃa.
Ahora, justo cuando el Ministerio Público intenta poner fin al largo historial de â??borrón y cuentas nuevasâ?, reverdecen las esperanzas de que los corruptos vayan a la cárcel y devuelvan al pueblo lo que al pueblo le pertenece. Es hora de ponerle el cascabel al gato, deshaciendo viejas prácticas de apadrinamientos polÃticos y acuerdos de aposento para garantizar protección en favor de los corruptos de siempre. ¡Que caigan quienes deben caer!
