Desde el primer momento en que República Dominicana experimentó el sabor amargo de una pandemia feroz que no discriminaba entre pobres y ricos, nuestras autoridades pusieron en marcha un ambicioso plan de ayuda social orientado en los sectores más vulnerables.
En ese contexto, la tarjeta Supérate jugó un rol estelar, porque en los momentos más espantosos de esta pandemia socorrió a miles de familias que quedaron sin ingresos para sustentar sus necesidades más básicas.
Por esta razón, atentar contra este programa, más que un fraude, es una acción criminal de grandes dimensiones, porque afecta a muchas personas que cada mes esperan con ansias esa ayuda gubernamental.
Las autoridades están obligadas a fortalecer sus investigaciones, rastrear hasta debajo de las piedras, para atrapar a quienes están detrás de estas acciones vandálicas, que de acuerdo a informes oficiales, desde el 2020, le han robado unos 300 millones de pesos a las arcas públicas.
El Gobierno debe también explicar cómo ha sido posible que durante tanto tiempo organizaciones criminales pudieran burlar el sistema informático con el que opera este programa de asistencia social.
Hasta que no concluyan las pesquisas realizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, no se descarta que detrás de esta estafa multimillonaria haya algún tipo de complicidad dentro de la institución responsable de manejar este sistema de pago para familias pobres.
Mientras tanto, reinan las dudas e interrogantes que en el mejor de los casos bien pueden servir para acelerar las investigaciones, para que en el menor tiempo posible podamos saber cada detalle de este hurto colosal al Estado dominicano.
