Las protestas, como mecanismo de presión para lograr soluciones a problemas puntuales, es un derecho reconocido por la Constitución dominicana en su artículo 62, donde también se establece que la organización sindical es libre y democrática.
Y este derecho es ejercido con plena libertad en nuestro país, sin que desde el Gobierno se apliquen acciones para impedirlo. Sin embargo, estas luchas encuentran a veces rechazos de un conglomerado social que no siempre mira con buenos ojos esa prerrogativa.
Y citamos el caso de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Sin pensar en el impacto negativo que generan sus demandas, la ADP vuelve a exigir condiciones más dignas para sus miembros, lo que desafortunadamente implica ausentismo laboral en detrimento del estudiantado.
Entre otras reivindicaciones, ahora pide un aumento salarial de un 25%, la instalación del tribunal de la carrera docente y mejoras en la ARS Semma. Sin embargo, el carácter político de la ADP le ha restado mucha credibilidad.
Hay quienes entienden que, al margen de sus exigencias gremiales, su objetivo es confrontar al gobierno de turno, según la línea partidaria a la que respondan sus directivos.
Y otros están convencidos de que ese gremio solo protesta para pedir mejoras para los maestros, más no así para el sistema educativo nacional.
Las autoridades no siempre pueden neutralizar los paros convocados por esa clase profesional, tan fundamental para el desarrollo de nuestra nación.
Lo cierto es que, desde su fundación, la ADP ha demostrado persistencia en sus intenciones de conseguir lo que persigue, sin importar cuán desfavorables resulten sus batallas para la comunidad estudiantil.
