En medio de la disputa por el uso de suelo entre Verón–Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey, hay una realidad aún más grave que no puede pasar desapercibida, y es la asignación de una mayor partida del Presupuesto Nacional para la provincia La Altagracia. Esta demarcación recibe cada vez menos del pastel presupuestario, a pesar de ser una de las mayores generadoras de riqueza para República Dominicana.

El monto aprobado para La Altagracia en 2024 fue de RD$2,061,577,017, pero solo se ejecutó un 73 %, dejando sin invertir casi RD$556 millones. Peor aún, para el 2025 el Gobierno redujo el presupuesto a RD$1,838,115,789. Es decir, RD$223 millones menos que el año anterior. O sea, la provincia que aporta más divisas a las arcas del Estado es de las más ignoradas en la distribución de recursos públicos.

El tema que discuten Higüey y Verón-Punta Cana no puede verse solamente desde una perspectiva municipal, sino como una problemática en la que el Gobierno carga con una gran responsabilidad. Mientras los cabildos se enfrentan por la recaudación de arbitrios, la ciudadanía vive con servicios públicos desbordados por el crecimiento poblacional.

Es una ingenuidad pretender que los gobiernos locales pueden por sí solos enfrentar los retos de una provincia que crece a más del 8 % anual. La planificación y redistribución equitativa del presupuesto no son tareas de los ayuntamientos, sino del Gobierno Central. Frente a esta confrontación entre Higüey y Verón, el rol básico del Gobierno, más que de mediador, es garantizar el desarrollo integral de La Altagracia con equidad y justicia fiscal.