La propuesta de establecer el voto obligatorio en la República Dominicana merece un análisis minucioso. Esta iniciativa, para muchos, contraviene el Estado Social y Democrático de Derecho y las garantías constitucionales que aseguran la libertad de todos los dominicanos. El derecho a elegir y ser elegido, consagrado en la Constitución, no puede estar sujeto a coacción. Forzar a las personas a votar es atentar contra su libertad y su derecho a decidir.
La libertad de elección es una columna fundamental en cualquier democracia. En los pocos países donde el voto es obligatorio, esta medida fue adoptada considerando realidades muy específicas. Realidades que no necesariamente deben ser replicadas en el contexto dominicano. Si el argumento principal para justificar esta propuesta es la alta abstención electoral, entonces la clase política nacional tiene que someterse a una profunda reflexión sobre su accionar y posicionamiento frente a la ciudadanía.
Culpar a la población sin esa autocrítica, sería una conclusión simplista, parcializada y errónea. Es posible que la desmotivación se deba más a la desconfianza en los políticos, que a una apatía inherente de los votantes. Los políticos deberían preguntarse: ¿Por qué la gente no quiere votar? La respuesta podría ser la ausencia de propuestas atractivas, corrupción, falta de transparencia y desconexión con las necesidades del pueblo.
El sufragio obligado no resolverá esos problemas de fondo. Habría menos abstención electoral, si la población siente que su voto tiene un impacto real. Contrario a lo que se pretende, la imposición del voto podría vulnerar derechos fundamentales y generar más descontento.
