La situación trastorna con mayor intensidad a los países con economías menos competitivas, y donde el covid-19 provocó la pérdida de cientos de miles de empleos todavía sin recuperar. República Dominicana no es un caso excepcional en este contexto desafiante. Las autoridades saben bien el impacto social que suponen las subidas estrepitosas de los alimentos, y buscan alternativas consensuadas para evitar des- enlaces indeseados.
El presidente Luis Abinader asu- mió personalmente las diligencias que motoriza el Gobierno para frenar la carestía de la canasta familiar, convocando a diversos sectores para escuchar sus ideas y recomendaciones. La cúpula empresarial entiende que las autoridades deben garantizar la disponibilidad de alimentos a la población y que la gente tenga dinero para comprarlos, pero reniega un reajuste salarial en los términos sugeridos por las centrales sindicales, de hasta un 40 por ciento.
Otros empresarios advierten que el Gobierno debe ser cauteloso con su política de subsidios. Específicamente, exhortan que esos programas de apoyo deben beneficiar directamente a los consumidores y no a los productos. Al margen de los factores externos que explican el incremento de los productos alimenticios, el Estado dominicano luce a su vez vencido por un monstruo de mil cabezas llamado especulación, que en este ambiente crispado y de exigencias multisectoriales añade una pieza más al complicado rompecabezas.
Así las cosas, este escenario convulso impone al Gobierno la tarea de encarar el tema de los alimentos con absoluta moderación en la toma de decisiones. Los resultados de cada esfuerzo deben traducirse en tranquilidad y confianza de toda la población. Escuchar, discutir y socializar opiniones y propuestas, es un paso importante en el abordaje de un problema que exige ser en- frentado con un alto nivel de responsabilidad gubernamenta
