En los últimos meses, tanto en La Romana como en Higüey, varias familias han visto cómo el fuego les arrebataba todo lo que construyeron con sacrificio. Esas viviendas quedaron reducidas a cenizas en eventos que, se presume, fueron provocados por cortocircuitos que a su vez provocaron incendios voraces que quemaron las pertenencias de varias familias. Perder una vivienda no es solo quedarse sin techo. Es también perder la estabilidad, la seguridad y, en muchos casos, la fe en que las instituciones responderán a tiempo.

A pesar de que la solidaridad de la comunidad ha sido un gran alivio, la ayuda estatal todavía sigue ausente. Es inadmisible que familias enteras sigan durmiendo en casas prestadas o improvisadas mientras esperan por soluciones que parecen no llegar nunca. Estos incendios suelen desnudar el drama humano que encierra la pobreza monetaria y la precariedad de las instalaciones eléctricas en muchos barrios.

Es por eso que urge una intervención gubernamental que vaya más allá del simple auxilio momentáneo. Se necesita un plan de reconstrucción real, con seguimiento, asistencia técnica y acompañamiento social. Tanto Higüey como La Romana requieren programas permanentes de prevención de incendios, revisión de redes eléctricas y capacitación comunitaria.

No puede ser que cada siniestro encuentre a las familias desprotegidas y al Estado improvisando. Cada casa que se incendia deja una familia desamparada o expuesta a que sus miembros sean víctimas mortales. Las autoridades deben actuar en dos frentes a la vez: en ayudar sin dilación a los afectados y disponer una investigación seria y objetiva de las causas de esos incendios.