Cuando las leyes no se cumplen desde el poder, dejan de tener sentido para el resto de la sociedad. Y eso es lo que, precisamente, presencia el pueblo dominicano con el accionar reprochable de funcionarios del más alto nivel que promueven abiertamente sus aspiraciones presidenciales, como si no hubiera normas ni autoridad capaz de ponerles freno.

El presidente Luis Abinader volvió a tronar por este tema, do la renuncia de aquellos funcionarios que hacen campañas de cara a los comicios del 2028. Pero el problema no se resuelve con simples exhortaciones, se- ñor presidente. Porque no solo estamos frente a un dilema ético de servidores públicos que ostentan precandidaturas, sino ante una violación flagrante de las leyes de Régimen Electoral y de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Entonces, lo que dictan las circunstancias es actuar en consecuencia. Es inaceptable que esos funcionarios promuevan proyectos electorales con plena vigencia de sus posiciones en el Estado, y para colmo pasándole por encima a los dictámenes de la ley y de su jefe inmediato, el presidente de la República. Es una práctica ilegal y descarada, porque se trata de aspirantes con acceso a fondos públicos, con estructuras de poder y privilegios que distorsionan toda noción de competencia justa.

El presidente tiene razón al indignarse. Pero ya no basta con enojos. Los funcionarios que insisten en violentar la ley no merecen invitación a renunciar, sino una destitución inmediata. La supremacía de la ley y de la autoridad no se defiende con discursos, sino con acciones y decisiones contundentes.