Recientemente, un rumor sobre el supuesto incremento de hasta un 60% en el precio del arroz generó un gran revuelo en la población dominicana. Afortunadamente, la rápida intervención del ministro de Agricultura, Limber Cruz, junto con la confirmación de los productores de arroz de que el alza no superaba el 10%, ayudó a disipar la confusión. Este mal entendido desnuda la fragilidad del mercado ante la desinformación de sectores con intereses marcados, ligados al comercio de este producto.
Por eso aplaudimos la pronta ta del Gobierno y de los productores de arroz, que no sólo desmintieron el dato exagerado, sino que también devolvieron la calma a los consumidores. Esta rápida reacción oficial debe ser, sin embargo, el inicio de una vigilancia continua y programada.
La manipulación de precios son venenos lentos que desestabilizan la economía familiar. Las autoridades están obligadas a adoptar medidas proactivas para monitorear y controlar los precios de los productos de primera necesidad, asegurando que los consumidores no sean víctimas de prácticas abusivas.
Los ciudadanos, con justa razón, exigen al gobierno que no sólo se limite a responder ante las crisis, sino que combata de forma enérgica la especulación. Nuestras autoridades no pueden ser vacilantes ni complacientes al aplicar un sistema de vigilancia eficaz y transparente, y sobre todo capaz de identificar y sancionar a quienes sacan la mayor tarjada a las fluctuaciones del mercado.
No conviene olvidar que con la barriga de la gente no se juega. La alimentación es un derecho inalienable, y su garantía debe ser prioridad permanente de la gestión pública.