Santo Domingo. Durante el IV Congreso de Inclusión Social y Laboral, realizado en Santo Domingo, el abogado Jaime Sénior afirmó que la inclusión en las empresas debe asumirse como parte de la estrategia de dirección y no solo como una tarea del área de Recursos Humanos.

El jurista explicó que cuando las compañías tratan la inclusión como un simple requisito numérico, reaccionan únicamente para cumplir. En cambio, aquellas que la incorporan a su sistema de gobierno corporativo la gestionan con indicadores concretos, como niveles de permanencia del personal, desempeño, ambiente laboral, accesibilidad, ascensos y reportes internos.

A su juicio, este enfoque involucra directamente a la alta gerencia, ya que impacta en tres aspectos clave: manejo de riesgos, cumplimiento normativo y generación de valor a largo plazo.

La necesidad de crear incentivos que faciliten los trámites relacionados con beneficios y exenciones, así como reglas claras sobre accesibilidad en permisos de construcción y adecuaciones. También propuso que los estímulos estén vinculados a resultados medibles, como empleo estable, ajustes razonables y accesibilidad comprobable.

Además, sugirió que tanto las compras públicas como las contrataciones privadas incluyan criterios de accesibilidad para impulsar cambios reales en el mercado.

Promover la inclusión no solo responde a un compromiso social, sino que también mejora los resultados financieros. Citó estudios que indican que empresas líderes en inclusión de personas con discapacidad suelen registrar mayores ingresos, mejores márgenes y más productividad que sus competidores.

Integrar políticas inclusivas reduce la rotación de empleados, fortalece la lealtad y mejora la asistencia, lo que disminuye costos asociados a contratación y capacitación.