Punta Cana, RD. La inseguridad alimentaria aguda alcanzó en 2024 a 295,3 millones de personas en 53 países, según el último informe anual de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, un consorcio que incluye a la Unión Europea, el Banco Mundial y diversas agencias de la ONU.

Esta cifra representa un récord histórico desde que se inició el monitoreo en 2016 y supone un serio desafío para la economía mundial, con impactos que trascienden el ámbito humanitario y afectan directamente la productividad, el desarrollo económico y la estabilidad de los mercados globales.

CONFLICTOS Y CLIMA El informe señala que los conflictos armados y la violencia fueron los principales detonantes de la crisis alimentaria, afectando a 140 millones de personas en 20 países, especialmente en zonas como Sudán, la Franja de Gaza, Malí y Haití.

Estos conflictos generan desplazamientos masivos, destrucción de infraestructuras y paralización de actividades productivas, lo que reduce la capacidad económica de las regiones afectadas y limita el acceso a alimentos.

Paralelamente, el cambio climático intensifica la crisis mediante fenómenos climáticos extremos: sequías prolongadas en el sur de África, inundaciones en Bangladesh y Nigeria, entre otros, que dañan gravemente la producción agrícola.

Estas pérdidas no solo afectan la seguridad alimentaria local, sino que también perturban las cadenas globales de suministro, elevando los precios de los alimentos y generando presiones inflacionarias en economías vulnerables.

IMPACTO EN PRECIOS Desde una perspectiva económica, la crisis alimentaria tiene un efecto dominó que puede ralentizar el crecimiento global. El aumento en los precios de los alimentos, impulsado por la escasez y los choques económicos como el alza de aranceles o la fluctuación del dólar, eleva el costo de vida, reduce el poder adquisitivo de las familias y aumenta la pobreza.

Esta dinámica puede alimentar la inestabilidad social y política, que a su vez desalienta la inversión y el desarrollo económico. Las interrupciones en las cadenas de suministro también afectan a sectores industriales vinculados a la agroindustria, el transporte y el comercio internacional, provocando una desaceleración económica que puede extenderse más allá de las fronteras de los países más afectados.

El informe advierte que la financiación internacional destinada a la ayuda alimentaria podría disminuir hasta en un 45% en 2025, principalmente por la retirada de Estados Unidos como principal donante.

Esta reducción pone en peligro la asistencia a al menos 14 millones de niños que dependen de programas de nutrición, aumentando el riesgo de malnutrición severa y sus consecuencias a largo plazo, como la disminución de la productividad laboral futura y el incremento de costos en salud pública.

La menor financiación también limita la capacidad de los gobiernos y organismos internacionales para implementar programas de recuperación agrícola y fortalecimiento de sistemas alimentarios, elementos clave para estabilizar las economías locales y prevenir crisis futuras.