LA ROMANA. Tener una casa propia es el sueño de muchas familias, pero en República Dominicana los altos precios de los alquileres y el incremento constante de los materiales de construcción hacen cada vez más difícil alcanzar ese objetivo, especialmente para los hogares cuyos ingresos apenas permiten cubrir sus necesidades básicas.

En ese contexto, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) estima que el país enfrenta un déficit habitacional de aproximadamente 1.46 millones de viviendas. De esa cifra, alrededor de 393 mil corresponden al déficit cuantitativo, que comprende a las familias que necesitan una vivienda nueva, mientras que más de 1.7 millones presentan déficit cualitativo, relacionado con hogares que requieren mejoras en techos, pisos, paredes o servicios básicos.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MECS 2022) revela que el 60.7 % de las personas que viven en hogares alquilados en zonas urbanas reside en viviendas que no pertenecen a ninguno de sus integrantes. En contraste, el 36.3 % habita en viviendas propias.

ALQUILER Y CASA PROPIA

El aumento de los alquileres, junto con el encarecimiento de los materiales de construcción y la mano de obra, se ha convertido en una combinación de factores que limita la capacidad de muchas familias para mejorar su calidad de vida. A esto se suma el crecimiento de la demanda habitacional, el incremento del valor de las propiedades y la concentración de personas en los centros urbanos, atraídas por mayores oportunidades laborales, factores que terminan presionando al alza los precios de las viviendas.

Ante esta realidad, Darío Sterling y su esposa, Francisca Aquino, han optado por construir poco a poco su propia vivienda en la comunidad de El Seibo, provincia de El Seibo. Su intención es concluir la obra y posteriormente regresar a su ciudad natal, donde esperan establecerse de manera definitiva.

Los esposos Sterling Aquino cuentan que su situación económica se ha vuelto más difícil con el paso de los años, debido a que, por su edad, ya no consiguen empleo y deben depender de sus pensiones. Relatan que anteriormente vivían en una casa de dos habitaciones, con el baño ubicado en el exterior, por la que pagaban RD$3,500 mensuales.

En busca de mayor tranquilidad y mejores condiciones, se mudaron posteriormente a otra vivienda cuyo alquiler comenzó en RD$7,000 mensuales. Un año después, el monto aumentó a RD$8,000 y, según explican, el propietario les advirtió que todo incremento aplicará un incremento adicional de RD$1,000.

Esta situación los llevó a iniciar la construcción de su propia vivienda en unos terrenos que poseen en El Seibo. Sin embargo, aseguran que el proceso no ha sido fácil, debido a que gran parte de los ingresos que obtienen se destina al pago del alquiler y de préstamos. Lo que queda, explican, apenas alcanza para cubrir los gastos de alimentación y destinar una pequeña cantidad a la construcción de su futuro hogar.

Los esposos aseguran que el costo de los alquileres dificulta su situación económica y cuestionan que los propietarios puedan aumentar las rentas, según afirman, sin un control efectivo que limite estos incrementos.

ADMINISTRADORES DE PROPIEDADES

En ese contexto, el administrador inmobiliario Bienvenido Leonardo sostiene que el incremento de los alquileres responde principalmente a la alta demanda de viviendas y al aumento de los costos de los materiales de construcción.

Leonardo puso como ejemplo una propiedad que actualmente se encuentra en proceso de remodelación, en la que, según explicó, se han invertido más de RD$15 millones y aún quedan trabajos pendientes. Detalló que, cuando asumió la administración del inmueble, las unidades de dos habitaciones se alquilaban por RD$12,000 mensuales. Tras la remodelación, el precio aumentó a RD$22,000.

3 de agosto de 2026 | Economía | eltiempo 17

Asimismo, indicó que las unidades de tres habitaciones, que anteriormente tenían un alquiler de RD$17,000 mensuales, ahora se ofrecen entre RD$25,000 y RD$35,000, como resultado de las mejoras realizadas en la propiedad y de los costos asociados a su mantenimiento.

LEY 83-25

La nueva Ley 83-25, que derogó la Ley 4314 de 1955 y el Decreto 4807 de 1959, ha sido bien recibida, especialmente entre abogados y administradores inmobiliarios, quienes consideran que la legislación transforma las relaciones entre propietarios de inmuebles e inquilinos, según afirmó el abogado Pedro Rijo Pacho.

A pesar de las posiciones a favor y en contra expresadas tanto por inquilinos como por propietarios, Pacho sostiene que la nueva ley beneficia a ambas partes. Como ejemplo, señala que el propietario de una vivienda no puede desalojar al inquilino de manera unilateral, sino que debe contar con una orden judicial para ejecutar el desalojo.

El abogado también valoró la reducción de los plazos para los procesos de desalojo, al señalar que, mientras anteriormente estos podían extenderse hasta cinco años, la nueva ley permite completar el procedimiento en un período de hasta tres meses, lo que reduciría el tiempo y los costos para las partes involucradas.

Destaca que la única forma de evitar el desalojo es que el inquilino pague de inmediato el doble del monto al que fue condenado. Asimismo, señala que la Fiscalía está obligada a otorgar la fuerza pública para ejecutar el desalojo, sin necesidad de citar previamente al inquilino, salvo que el propietario así lo solicite.

En ese mismo orden, la abogada Luz del Carmen Piller comparte los criterios de su homólogo y destaca que la nueva legislación contribuye a establecer reglas más claras y a facilitar el entendimiento entre propietarios e inquilinos.

Piller también señala que el propietario está obligado a entregar el inmueble en buenas condiciones y a reparar los daños que sean de su responsabilidad. Mientras, el inquilino debe asumir la reparación de cualquier desperfecto que cause durante el tiempo que permanezca en la propiedad.

Otro de los cambios significativos que introduce la Ley 83-25 es la eliminación de la práctica conocida como «2+1», mediante la cual los inquilinos debían entregar dos meses de depósito, además de un mes de comisión al intermediario inmobiliario y, en muchos casos, asumir los costos de elaboración y legalización del contrato.

El artículo 12 establece que el propietario no puede exigir más de dos depósitos como garantía y que estos deben ser devueltos al inquilino una vez desocupado el inmueble, siempre que no existan obligaciones pendientes que justifiquen su retención.

La legislación también dispone que la comisión del corredor inmobiliario constituye un concepto distinto al depósito y debe ser acordada entre las partes, por lo que no puede imponerse automáticamente al inquilino. Asimismo, establece que los contratos de arrendamiento de viviendas solo podrán ser reajustados una vez al año y que el incremento no podrá superar el 10 % anual.

JUECES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

La abogada Piller destacó que, aunque la nueva legislación representa un avance para ambas partes, las autoridades judiciales continúan enfrentando dificultades debido a la falta de jueces y personal administrativo, principalmente en el Juzgado de Paz.

Ante esta situación, demandó que las autoridades doten con el personal necesario al Juzgado de Paz, a fin de agilizar los procesos y reducir el cúmulo de casos pendientes.