Qué pasa en San Pedro de Macorís
Cuando en algún ámbito de la seguridad ocurren episodios que ponen en peligro el bienestar común, los ciudadanos culpan a sus autoridades, y exigen al Estado que asuma acciones prácticas y concretas.
En este contexto, vale resaltar que la seguridad es un bien público, y que ciertamente el Estado está obligado a garantizarla conforme el nivel de expectativa que tenga la población.
La gente que renuncia a caminar por las calles por miedo a ser agredidos por un algún delincuente, o aquellos que por esa misma sensación simplemente abandonaron la vieja costumbre de sentarse enfrente de sus casas, asumen el derecho de exigir protección y garantías plenas de seguridad, tanto a su integridad física como de sus bienes.
Decimos esto, a propósito de la situación de inseguridad que viven actualmente los ciudadanos de San Pedro de Macorís, de la que este semanario se hizo eco en la pasada edición.
Los robos y asaltos a mano armada se han convertido en un día a día que le impregna temor e incertidumbre a los petromacorisanos, quienes exigen que la Policía Nacional asuma activamente su rol de garante fundamental de la seguridad ciudadana.
Los delincuentes no pueden sentir jamás que son amos y señores de las calles, y hasta de las propiedades y negocios privados, como expresan ciudadanos de esa provincia del Este.
Las autoridades deben acudir sin demora al grito desesperado de San Pedro de Macorís, y no ignorar que la seguridad ciudadana es un bien público, y que por tanto no se pide ni se mendiga.
