La reacción ciudadana normal a cualquier amenaza de reforma fiscal puede ser bastante predecible. Rechazo, ira, impotencia, incertidumbre, negación.
Es comprensible. Sin embargo tras la crisis socioeconómica que ha provocado a nivel mundial la pandemia por covid-19, es un deber de cada persona escuchar y considerar las propuestas de nuestros gobiernos para encontrar una fórmula que permita mantener activa la economía, evitando el aumento ilimitado de la deuda del país. Los recursos del Estado se agotan si la actividad económica se reduce significativamente, y eventualmente una de las pocas alternativas, si no la única, es mejorar y diversificar sus fuentes de ingreso. Pero no es tan fácil.
En Latinoamérica tenemos el precedente de lo ocurrido en Colombia tras la decisión del gobierno de implementar una reforma fiscal para poder sustentar sus gastos. Creo que las condiciones de cada país son distintas, pues al momento de anunciar estas medidas, el presidente Duque tenía una alta tasa de rechazo popular como resultado de otras medidas impopulares que se habían tomado mucho antes de detectarse el covid-19. Era un mandatario desgastado y con muy poca credibilidad.
Pero por otro lado sorprende el nivel de ira, vandalismo, repudio al Estado, desconsideración a la propiedad privada y destrucción de negocios que resultaron de estas manifestaciones. Pero vale la pena analizar si realmente esta sorprendente reacción ciudadana se debió exclusivamente a la amenaza de aumento de impuestos, o si hubo intervención de países vecinos para acalorar mucho más la inconformidad de los colombianos.
Por ejemplo, me permito recordar el estallido social ocurrido en Chile en octubre 2019, mucho antes de la pandemia, y que se expandió a todas las ciudades importantes del país. La razón principal fue un aumento en las tarifas de transporte del metro, en contraste con el alto costo de las necesidades básicas, y una enorme desigualdad económica entre la clase popular y el empresariado o la clase económicamente fuerte. El sorprendente nivel de desobediencia civil era novedoso, por lo que las autoridades tomaron varias medidas no solo para frenarlo, sino para encontrar la verdadera raíz del problema. Sale a relucir que muchos de los manifestantes apresados no eran ciudadanos chilenos, sino mayormente venezolanos y de otros países vecinos, totalmente indocumentados y sin comprobada residencia en Chile. Fueron también detectados varios vehículos ocupados por extranjeros, que al ser detenidos y revisados en territorio fronterizo descubren grandes cantidades de dinero en efectivo, que luego comprueban era utilizado para pagar a ciudadanos chilenos por participar en dichas revueltas.
Lo que quiere decir es que no todo es lo que parece ser a simple vista. Mucho cuidado con intervencionistas que representan intereses políticos ocultos. Mucho cuidado con ideas influenciadas por noticias falsas y mal intencionadas que tan abundantemente circulan por las redes sociales y hasta por medios de comunicación considerados serios. Estamos en un momento de grandes necesidades y carencias que requieren esfuerzos adicionales de nuestras autoridades. Seamos solidarios y no demos la espalda a las posibles soluciones sin ni siquiera conocerlas en detalle.
