Punta Cana, RD.- Tan pronto puso pies en su oficina, la nueva gobernadora de La Romana, Jacqueline Fernández Brito, denunció que encontró una deuda multimillonaria en esa dependencia del Poder Ejecutivo.
Hablamos de un pasivo de más de siete millones de pesos, que por tratarse de una institución que no maneja grandes recursos representa una suma comparativamente significativa.
Sin embargo, más que el monto como tal, la situación que alude este compromiso financiero es que ahora nadie sabe en qué gestión se contrajo, ni existen documentos que puedan avalar detalles concretos sobre su finalidad.
Estamos, pues, ante una mala práctica que cuestiona la política de transparencia con la que debe conducirse el ejercicio de la función pública, no importa la naturaleza, tamaño o alcance de la institución donde se produzca.
Los datos recabados por el Departamento de Contabilidad de la Gobernación romanen se señalan que esta deuda involucra varias administraciones de esa entidad estatal. Esto indica que una investigación seria y objetiva para establecer responsabilidades, debe hacer un rastreo que implique al menos cinco gestiones diferentes.
La actual titular de la Gobernación Provincial está obligada a ir más allá de simples denuncias mediáticas, porque se trata de un asunto que de no corregirse a tiempo puede sentar un peligroso precedente. Y peor aún, generar un mar de especulaciones que podrían salpicar incluso su desempeño.
Si no es posible saber quién o quiénes contrajeron esta deuda de siete millones de pesos, y en qué o cómo se gastó este dinero, no es exagerado imaginar que si a futuro ocurren irregularidades que envuelvan cifras superiores, tampoco habrá consecuencias de ningún tipo para los responsables.
La sociedad romanense está enterada de esta situación y espera respuestas contundentes. Se trata de dinero público, y por tanto los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones claras y convincentes.
La punta de lanza del presidente Luis Abinader para conquistar el poder fue justamente su discurso crítico contra la corrupción y la impunidad, por lo que todos sus funcionarios están compelidos a proceder conforme sus lineamientos en esa dirección. Hay muchos ojos puestos sobre el accionar del Gobierno. Es hora de actuar.
