El anuncio de que tan pronto asuma la presidencia de la República Luis Abinader inhabilitará varias instituciones estatales, por entender que representan duplicidad de funciones y gastos presupuestales exorbitantes, ha recibido un gran apoyo de la población.
Entre esas dependencias del Gobierno Central figuran la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que sería suprimida con efecto inmediato, y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), cuya desaparición se produciría en seis meses.
El apoyo a estas medidas asumidas de manera extraoficial, porque Luis aún no asume como jefe de Estado, parten del precedente funesto de entidades como la OISOE, que tiene asignado un presupuesto de miles de millones de pesos, aunque sus responsabilidades bien pueden ser desempeñadas por el Ministerio de Obras Públicas.
En la OISOE se incubaron irregularidades que provocaron persistentes y radicales repulsas sociales, cuyas manifestaciones alcanzaron su punto más álgido tras la sociedad dominicana ser testigo del suicidio de un arquitecto de La Romana en las mismas instalaciones de esa dependencia.
Sin embargo, al margen de estas justificadas razones, cada decisión que implique dejar personas sin trabajo en medio de la crisis sanitaria que nos hostiga, debe ser pensada sin perder de vista sus consecuencias.
Actualmente, cientos de miles de dominicanos se encuentran sin empleos, porque sus empresas o los han suspendidos temporalmente o rescindieron definitivamente sus contratos de trabajo.
Ese ha sido el efecto colateral más devastador de la pandemia provocada por el coronavirus covid-19. En todo el mundo, y nosotros no somos para nada la excepción, los parados de sus actividades productivas son decenas de millones de ciudadanos, que en este momento hacen malabares para apenas sobrevivir.
La otra cara de la moneda del proceso de reforma institucional en el ámbito de la Administración Pública que Luis tiene intenciones de aplicar, la representan, pues, cientos de empleados que con la supresión de dichas entidades tendrían en lo adelante un futuro incierto.
A este cuadro se añade la creciente incertidumbre de otros miles de servidores públicos que temen ser separados de sus respectivas dependencias, para abrirle paso a los del partido ganador de la pasada contienda electoral.
Resta esperar cómo moverá Abinader las fichas en un contexto que desafía su propuesta de cambio priorizando el bienestar de los gobernados.
