SANTO DOMINGO. Dentro de los deberes fundamentales de las personas físicas establecidos en el artículo 75 de la Constitución dominicana, se encuentra el contenido en su numeral 2, consistente en “Votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo”. No obstante, es notorio cómo a medida que pasan los años, el incumplimiento de este deber fundamental se ha traducido en una abstención electoral alarmante, que amenaza seriamente la legitimidad y permanencia del sistema democrático en la República Dominicana.
Ciertamente, los partidos políticos deben iniciar un proceso de profunda reflexión interna para evaluar objetivamente las razones que están provocando la actual apatía en el electorado. Sin embargo, esto no debería eximir al ciudadano de cumplir con su deber fundamental. Esto lo decimos porque, si evaluamos que en un lapso de 4 años existen1,461 días, resulta insólito que una enorme cantidad de ciudadanos decidan no apartar, en promedio, 8 horas divididas en 2 días —4 años contienen 35,064 horas— para elegir a quienes tomarán decisiones públicas por ellos durante esos 4 años. En este año 2024, se celebraron dos elecciones a nivel nacional.
La primera tuvo lugar el 18 de febrero de 2024, siendo estas las elecciones municipales. En estas, 3,459,564 personas hábiles para votar decidieron no hacer o, lo cual representa una abstención del 47.82%. La segunda contienda electoral tuvo lugar el 19 de mayo de 2024, siendo estas las elecciones presidenciales.
En esta oportunidad, 3,716,469 personas hábiles para votar no lo hicieron, lo cual representa una abstención del 45.63%. Para que tengamos una idea de la gravedad de la situación actual, en las elecciones presidenciales celebradas en el año 2000 en nuestro país, la abstención electoral fue del 23.9%, prácticamente la mitad porcentual en el mismo tipo de contienda de este año 2024.
¿POR QUÉ?
El voto obligatorio constituye una necesidad imperiosa si la República Dominicana pretende mantener su condición de Estado Social y Democrático de Derecho, ya que esto no será posible si la abstención electoral continúa aumentando a pasos agigantados. Y no solo debe ser obligatorio, sino que deberían imponerse sanciones por su incumplimiento, ya sea a través de multas, inhabilitaciones de derechos de ciudadanía, pérdidas de beneficios estatales, así como otras tantas opciones que podrían evaluarse.
Pero además, para equilibrar la balanza de los argumentos en contra del voto obligatorio y como un llamado directo a que la clase política se autoevalúe constantemente, debe también incluirse en la boleta electoral una casilla en blanco, ya que la única razón válida que justifica la abstención electoral es que a los abstencionistas no les atrae ninguna de las ofertas propuestas.
De este modo, marcando una casilla en blanco, esto puede ser suplido y, a su vez, el deber de cumplir con el voto satisfecho. Finalmente, esperamos que este particular sea evaluado prontamente, en aras de evitar una estrepitosa debacle de nuestra democracia.
