Julio González / Pedro Santana
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PUNTA CANA. La semana pasada, los vocales de Verón-Punta Cana reavivaron los “dimes y diretes” por el tema de las competencias en materia de planeamiento urbano, entre la Junta Municipal de la demarcación turística y la Alcaldía de Higüey.
Y es que, la Junta de Vocales de Verón, conformada por cinco ediles, aprobó por unanimidad la creación de una oficina de Planeamiento Urbano, que asuma las competencias de cobro de arbitrios y autorización de permisos para uso de suelo en el distrito, totalmente independiente de Higüey. Esto basado en el artículo 24 de la
Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, promulgada el pasado 22 de diciembre de 2022, el cual establece en su parágrafo I que “los gobiernos locales que cuenten con la capacidad productiva económica y de
recaudación en su demarcación con una población mayor a quince mil habitantes, conforme al censo nacional de población y vivienda, realizado en el año 2010, gestionan y autorizan el uso de suelo, a través de la Oficina de Planeamiento Urbano creada para tales fines y en coordinación con el MEPyD para el ordenamiento territorial”.
PRÓXIMAS ACCIONES
En la sesión de la Junta de Vocales de Verón-Punta Cana, del pasado martes 21 de febrero, el director distrital, Ramón Ramírez (Manolito), sostuvo que en los próximos días formalizarán ante instancias del Gobierno nacional, vinculadas a la aprobación de proyectos, una notificación de creación de la Oficina de Planeamiento Urbano de Verón, basado en el artículo 24 de la Ley de Ordenamiento Territorial, en aras de que los permisos por obras en Verón-Punta Cana, se tramiten solo en la Junta Municipal.
“Ya con la aprobación de la Junta de Vocales tenemos la autorización para que usemos todos los mecanismos legales y dar con los pasos que corresponden en cada uno de los ministerios, para notificar la creación de dicha oficina”, acotó Ramírez.
Afirmó que la intención no es eliminar en su totalidad el acuerdo de 50/50 firmado en 2013, sino que exista una distribución equitativa de los recursos que se generan en la demarcación turística.
En tanto que, el consultor jurídico del cabildo local, Luis Manuel del Río, consideró que no hace falta que exista un reglamento de la Ley 368-22, en base a que puede ser aplicada. “La Ley 176-07 de Municipios también lleva un reglamento y todavía lo estamos esperando. Cada distrito municipal, a través del Concejo colegiadamente,
son los que llevan la normativa y fiscalización de cada distrito”, destacó.
HIGÜEY RESPONDE
El alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitín), dijo que con esta acción la Junta de Vocales de Verón-Punta Cana atenta contra la seguridad jurídica y del propio distrito municipal.
“No actuamos a la ligereza, tenemos esto en manos de abogados constitucionalistas; la consulta previa que nos han dado es recurrir a la nulidad de esa decisión”, añadió el alcalde.
Calificó la ley de inconstitucional y a la vez consideró la decisión de la Junta de Vocales como “medida desesperada, sorpresiva y desacertada que da intranquilidad a los inversionistas”.
Además, se debe al desespero económico y de tener mayor poder, de acuerdo con Duluc Rijo.
“Es una ley nueva que ha estado en la palestra pública discutiéndose si es inconstitucional o no, pero aparte de eso, la propia ley establece que hay plazos para su entrada en vigencia. Hay que establecer el reglamento de aplicación y segundo, conlleva a que haya una determinación de cuáles distritos municipales pueden hacerlo”, analizó el ejecutivo municipal.
Asimismo, dijo que los vocales de Verón-Punta Cana se adelantaron al proceso, atribuyéndose competencias que ellos no tienen. “Deben buscar asesoría, a alguien que le explique cuál es la parte legal, cuándo la ley entra en vigencia, buscar asesoría gubernamental”, especificó Duluc Rijo.
En tanto que, el presidente del Concejo de Regidores de Higüey, Carlos Max Martínez explicó que, hasta la entrada en vigor de la nueva ley, los ediles que encabeza siguen teniendo la facultad legal.
“Hay un plazo de18 meses, contados a partir del reglamento de aplicación para que los
municipios y distritos municipales elaboren los instrumentos de limitación de suelo urbano. Con la creación de esta oficina ellos están dislocando a los empresarios que quieren hacer
inversiones en la zona”, aseveró Martínez.
Mientras que el ex vicepresidente del Concejo de Regidores, Luis Vélez, estableció que con la Ley 368-22 va a adecentar las anomalías que hay en el cobro de los arbitrios por uso de suelo, sin embargo, especificó que esta, entra en contradicción con la 176-07.
En ese sentido, adelantó que el bloque de regidores minoritarios pretende proponer que la oficina de planeamiento urbano de Verón sea quien reciba los proyectos, los someta ante el Concejo de Regidores de Higüey y una vez se haya tomado la decisión se pagarían los impuestos en el Junta Municipal Verón-Punta Cana. En cuanto a la repartición de los recursos, dijo que se debe hacer con la participación de la sociedad, además de
la alcaldía y el distrito.
“Aquí nadie está pensando en el ordenamiento del territorio, el tema de fondo es quién cobra y cómo se va a repartir ese dinero”, dijo Vélez.
UNA DÉCADA DE CONFLICTOS
Este conflicto, por las competencias sobre el planeamiento urbano, es de vieja data, pues en el año 2012, el entonces director de Verón-Punta Cana, Radhamés Carpio, logró que esta disyuntiva por el cobro de arbitrios llegara hasta el Tribunal Constitucional y fue así como esta instancia en 2013, mediante sentencia número TC/0152/13, en referencia al expediente TC-03-2012-0002, determina que el Distrito Municipal Verón-Punta Cana es un órgano desconcentrado del municipio de Higüey, y por tanto carece de competencia para crear una Oficina de Planeamiento Urbano.
Pese a esto, en 2013 ambos cabildos firman un acuerdo en el que deciden distribuirse en 50/50 los recursos captados por uso de suelo. Sin embargo, en todo el periodo de Karina Aristy como alcaldesa, y luego de Ramón Ramírez (Manolito), en su primer período como director distrital, siguió existiendo cierta “rivalidad” en torno al cobro de arbitrios y permisos de construcción en la zona turística.
