1- ¿QUÉ AVANCES OBSERVA EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLEN- CIA DE GÉNERO EN NUESTRO PAÍS?
R. A pesar de los esfuerzos declarados por los gobiernos en los últimos años, los avances en la lucha contra la violencia de género en la República Dominicana han sido limitados y, en muchos casos, ineficaces.
Las cifras siguen siendo alarmantes: solo en 2023, se registraron más de 60 feminicidios según estadísticas oficiales, y la violencia doméstica continúa siendo una de las principales causas de denuncias en el país.
Aunque existen unidades especializadas y casas de acogida, su alcance es insuficiente. La falta de campañas masivas, educativas y sostenidas sobre prevención y respeto, así como la ausencia de una verdadera transformación cultural, reflejan que los avances son más declarativos que efectivos.
2. ¿QUÉ POLÍTICAS PÚBLICAS CONSIDERA URGENTES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LAS MUJERES?
R. El gobierno debe implementar una estrategia nacional integral que abarque tanto la prevención como la atención a las víctimas.
Esto incluye la creación de un sistema educativo con enfoque en igualdad de género desde la infancia, campañas masivas que lleguen a los barrios más vulnerables y programas de reintegración social para las sobrevivientes.
Asimismo, es urgente reforzar la capacidad de respuesta del sistema judicial, capacitar a las autoridades en el manejo sensible de denuncias y garantizar que las órdenes de protec- ción se cumplan efectivamente.
La falta de voluntad política y la inversión limitada han perpetuado un sistema que no brinda la protección que las mujeres necesitan.
3. ¿CREE QUE SE ESTÁ HACIENDO UN BUEN TRABAJO EN LA FORMA EN QUE SE ABORDAN LOS CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA?
R. No se está haciendo un buen trabajo en la mayoría de los casos. Muchos medios de comunicación caen en el sensacionalismo, la revictimización de las mujeres y el tratamiento superficial de los casos.
Los medios deberían asumir una postura más responsable, promoviendo contenidos educativos que informen a la población sobre cómo pre- venir la violencia y dónde buscar ayuda.
Recomendaría capacitar a los periodistas en temas de género y ética informativa, y establecer normativas claras para que la cobertura de estos casos no perpetúe estereotipos ni minimice la gravedad del problema.
4. ¿CÓMO CONSIDERA QUE AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD PUEDEN GENERAR UN AMBIENTE DE APOYO Y SEGURIDAD PARA ESTAS MUJERES?
R. La desconfianza en el sistema está justificada, ya que muchas mujeres que denuncian no reciben protección adecuada, y los agresores siguen actuando con impunidad.
Para cambiar esto, las autoridades deben garantizar una respuesta rápida, efectiva y humanizada a las denuncias. Esto incluye la crea- ción de más casas de acogida, líneas de emergencia funcionales y accesibles, y un seguimiento estricto de los casos.
La sociedad, por su parte, debe de- jar de juzgar a las víctimas y actuar como una red de apoyo. La educación en las comunidades sobre cómo identificar y prevenir la violencia también es crucial para romper el ciclo de silencio.
5. ¿QUÉ ACCIONES CONCRETAS PUEDEN TOMAR LAS MUJERES QUE TIENEN UNA PLATAFORMA PÚBLICA, COMO USTED, PARA EMPODERADA OTRAS EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
R. Los medios de comunicación dominicanos han fallado en gran medida al abordar la violencia de género. En lugar de fomentar un debate serio y educativo, en muchos casos priorizan el sensacionalismo y la revictimización.
Es imprescindible que los medios adopten un enfoque ético, eduquen a la población y trabajen de la mano con expertos para transmitir mensajes que promuevan el respeto, la igualdad y la erradicación de la violencia.
Las mujeres con plataformas públicas tienen el poder de generar cambios significativos al visibilizar el problema y exigir rendición de cuentas a las autoridades. Pueden liderar campañas educativas, compartir recursos para ayudar a las víctimas y crear espacios de conversación que empoderen a otras mujeres.
También deben ser un ejemplo de sororidad y alzar la voz contra la cultura de la impunidad. Cada mensaje cuenta, y las plataformas públicas deben usarse para promover una sociedad más justa y equitativa donde la violencia no tenga cabida.
