Punta Cana. En distintas partes del mundo, comunidades están empezando a preocuparse por el impacto de los llamados centros de datos, instalaciones clave para el funcionamiento de internet y la inteligencia artificial.

En un pequeño municipio de Querétaro, México, los vecinos aseguran que los problemas de agua han empeorado. Los cortes, que antes duraban pocos días, ahora pueden extenderse por semanas. Esto ha afectado escuelas, ha provocado enfermedades y ha llevado a algunas familias a pensar en mudarse.

Los residentes creen que estos problemas comenzaron tras la llegada de grandes proyectos tecnológicos. Sin embargo, las empresas niegan que exista una relación directa.

Algo similar ocurre en Aragón, España, donde grupos sociales han llevado el tema a la justicia. Organizaciones como Ecologistas en Acción Aragón están impulsando una demanda contra la expansión de centros de datos en la región.

El caso involucra a la empresa Amazon Web Services, que planea ampliar sus instalaciones. Los comunitarios temen que esto aumente el consumo de agua y electricidad, afectando el medio ambiente y la vida diaria.

Pero, ¿qué es un centro de datos? Son grandes edificios llenos de computadoras que funcionan todo el día. Allí se guardan y procesan datos de internet, redes sociales y sistemas de inteligencia artificial. Para operar, necesitan mucha energía y grandes cantidades de agua para mantenerse fríos.

El crecimiento de la inteligencia artificial ha hecho que estos centros aumenten rápidamente en todo el mundo. Según el Foro Económico Mundial, este sector mueve miles de millones de dólares y seguirá creciendo en los próximos años.

Sin embargo, el problema es que estas instalaciones pueden presionar recursos básicos. En algunos países ya consumen grandes cantidades de electricidad, mientras que en otros afectan reservas de agua.

Expertos señalan que no se trata de casos aislados, sino de una tendencia global. Muchas veces, estas infraestructuras llegan a zonas con recursos limitados, generando tensiones con las comunidades locales.

En Aragón, el caso ahora está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que evaluará si la expansión cumple con las leyes y protege a la población.

Mientras tanto, crece el debate: ¿hasta qué punto el avance tecnológico justifica el uso de recursos esenciales como el agua y la energía?