SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader informó que de los más de 72 mil 747 millones de pesos que encontró como deuda por concepto de “cuentas por pagar” al inicio de su mandato constitucional en el año 2020, el país cerró el 2021 con una importante reducción, hasta situarse en apenas 18 mil 850 millones de pesos, con un descenso de 53 mil 800 millones.
El mandatario destacó, además que el crecimiento económico experimentado por el país, a pesar de la crisis ocasionada por la pandemia y las graves consecuencias que esta trajo, ha sido muy superior al esperado de acuerdo a las previsiones para el año 2021, situándose por encima del 12% en términos reales.
Explicó que esto ha permitido recuperar el volumen de empleos formales e incluso aumentar, al cierre de 2021, 36 mil 362 nuevas plazas de trabajo más, que antes de la pandemia.
En el acto, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó que gracias al esfuerzo conjunto de toda la administración se ha logrado que durante el año 2021, no se genere esa deuda administrativa tan perversa de años anteriores.
“Ningún funcionario, durante el año 2021 contrató, ejecutó, devengó gasto que no tuviera la debida protección de presupuesto. Esto tiene un significado importante porque como no había consecuencia de la ley, la ley era clara, nadie puede ejecutar un gasto si no tiene certificación de apropiación y pusimos un articulo que quien lo hiciera, iba a pagarlo con su patrimonio”, expresó Presbot.
En ese mismo orden el presidente Abinader resaltó que desde su llegada al Palacio Nacional ha puesto toda su atención en corregir el dispendio generalizado y el uso ineficiente de los recursos de los contribuyentes y en garantizar el cumplimiento de la Ley de Presupuesto General del Estado.
Precisó que la Ley de Presupuesto Anual de los años 2021 y 2022 contempla la prohibición del reconocimiento de deudas administrativas sin contar previamente con los recursos asignados en la Ley de Presupuesto General del Estado como se hacía en el pasado.
En ambas disposiciones, señaló, se especifica que sólo se podrá autorizar la realización de esta fórmula de pago en casos de contar la autoridad competente con previa autorización y en estricto cumplimiento de la ley, poniendo freno a una situación que resultaba tan lesiva para las finanzas del país.
“Hasta el año 2020 era habitual que los funcionarios públicos responsables de determinadas instituciones del Estado realizaran pagos o suscribieran acuerdos transaccionales para el reconocimiento de deudas administrativas, obviando de forma sistemática todos los procedimientos”, indicó.
Dijo que durante varios años y de forma consecutiva, el Estado tuvo que hacer frente a unas “deudas por pagar” que alcanzaron el 45.3% del total de las deudas hasta el mes de agosto de 2020.
