PUNTA CANA. El capitán de una yola fue condenado a 20 años de prisión y al pago de dos millones de pesos de indemnización para los familiares de la víctima al resultar culpable del naufragio de una embarcación próximo a la playa de Lavacama, provincia, La Altagracia con unas 30 personas a bordo, cuando se dirigía a Puerto Rico en el año 2020, resultando muertas ocho personas.
Al acoger el pedimento del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de La Altagracia dictó la sentencia condenatoria en contra del acusado Luis Alberto Vigniero Mejía, conocido también como el Indio, quien fue encontrado culpable de ser autor material de tráfico ilícito de migrantes.
El expediente detalla que el hoy condenado resultó detenido en fecha 31 de marzo de 2023, mediante la orden de arresto número 06033-2020, emitida en el año 2020, ya que en fecha 5 de diciembre de ese año, alrededor de las 5:40 de la madrugada, sirvió de capitán de lancha de un viaje ilegal que naufragó en la referida playa, del distrito municipal de Nisibón, del municipio Higüey, provincia La Altagracia.
Establece que el procesado formaba parte de un grupo delictivo de delincuencia organizada que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes con destino a Puerto Rico, que trató de trasladar a la vecina isla a los indocumentados, a quienes exigieron el pago de 4 mil a 5 mil dólares, entregando algunos de los migrantes, para asegurar el viaje, sumas de hasta RD$60 mil pesos y el resto comprometiéndose a pagarlos cuando llegaran a su destino.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de La Altagracia, bajo la dirección de la procuradora de corte Yoanna Bejarán y la fiscal Claudia Garrido, respectivamente, con la colaboración de la Armada de República Dominicana, obtuvieron pruebas suficientes con las que quedó demostrada la acusación presentada contra Vigniero Mejía.
El fiscal de la PETT en La Altagracia, Hendrich Ramirez, tuvo a cargo la investigación del caso.
En el proceso, el fiscal litigante Aneurys Castillo de Jesús aportó los elementos probatorios con los que demostró la responsabilidad penal del acusado ante los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, quienes dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, de Higüey.
La sentencia fue emitida luego de que el Ministerio Público demostrara ante el tribunal que Vigniero Mejía transportaba al grupo de indocumentados en una embarcación de fabricación clandestina, de aproximadamente 27 pies de eslora, utilizando pasos migratorios no permitidos y evadiendo el cumplimiento de los controles migratorios y fronterizos establecidos para una migración lícita.
En ese mismo orden, el órgano acusador demostró que Vigniero Mejía trató de evadir los controles de seguridad implantados por el Estado dominicano, al materializar la salida ilícita de los migrantes desde la indicada playa, a cambio de recibir un beneficio económico, poniendo en peligro a las personas que confiaron en que se trataba de un viaje seguro, sin que lograra su objetivo ulterior de transportarlos a Puerto Rico.
Capitán de yola es condenado a 20 años de prisión
La Altagracia.- El capitán de una yola fue condenado a 20 años de prisión y al pago de dos millones de pesos de indemnización para los familiares de la víctima al resultar culpable del naufragio de una embarcación próximo a la playa de Lavacama, provincia, La Altagracia con unas 30 personas a bordo, cuando se dirigía a Puerto Rico en el año 2020, resultando muertas ocho personas.
Al acoger el pedimento del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de La Altagracia dictó la sentencia condenatoria en contra del acusado Luis Alberto Vigniero Mejía, conocido también como el Indio, quien fue encontrado culpable de ser autor material de tráfico ilícito de migrantes.
El expediente detalla que el hoy condenado resultó detenido en fecha 31 de marzo de 2023, mediante la orden de arresto número 06033-2020, emitida en el año 2020, ya que en fecha 5 de diciembre de ese año, alrededor de las 5:40 de la madrugada, sirvió de capitán de lancha de un viaje ilegal que naufragó en la referida playa, del distrito municipal de Nisibón, del municipio Higüey, provincia La Altagracia.
Establece que el procesado formaba parte de un grupo delictivo de delincuencia organizada que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes con destino a Puerto Rico, que trató de trasladar a la vecina isla a los indocumentados, a quienes exigieron el pago de 4 mil a 5 mil dólares, entregando algunos de los migrantes, para asegurar el viaje, sumas de hasta RD$60 mil pesos y el resto comprometiéndose a pagarlos cuando llegaran a su destino.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de La Altagracia, bajo la dirección de la procuradora de corte Yoanna Bejarán y la fiscal Claudia Garrido, respectivamente, con la colaboración de la Armada de República Dominicana, obtuvieron pruebas suficientes con las que quedó demostrada la acusación presentada contra Vigniero Mejía.
El fiscal de la PETT en La Altagracia, Hendrich Ramirez, tuvo a cargo la investigación del caso.
En el proceso, el fiscal litigante Aneurys Castillo de Jesús aportó los elementos probatorios con los que demostró la responsabilidad penal del acusado ante los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, quienes dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, de Higüey.
La sentencia fue emitida luego de que el Ministerio Público demostrara ante el tribunal que Vigniero Mejía transportaba al grupo de indocumentados en una embarcación de fabricación clandestina, de aproximadamente 27 pies de eslora, utilizando pasos migratorios no permitidos y evadiendo el cumplimiento de los controles migratorios y fronterizos establecidos para una migración lícita.
En ese mismo orden, el órgano acusador demostró que Vigniero Mejía trató de evadir los controles de seguridad implantados por el Estado dominicano, al materializar la salida ilícita de los migrantes desde la indicada playa, a cambio de recibir un beneficio económico, poniendo en peligro a las personas que confiaron en que se trataba de un viaje seguro, sin que lograra su objetivo ulterior de transportarlos a Puerto Rico.
