Desde mediados de agosto, el Gobierno ha venido depositando los proyectos de reformas a los diferentes sistemas que rigen la vida y el futuro de los dominicanos como son: laboral, fiscal, seguridad social y la Constitución de la República, reformas que había anunciado desde antes del mes de mayo último.
Desde el 16 de agosto a la fecha, han sido depositados dos proyectos: modificación a la Carta Magna y el de reforma al sistema de la seguridad social. Estos proyectos han sido sometidos para estudios a través de las instancias del Estado correspondientes. El último en ser sometido fue el proyecto que busca cambiar el complejo sistema de la seguridad social.
Se recuerda que el 17 de marzo de 2022, fue sometido otro proyecto de modificación de la Ley 87-01, en el que se contemplaban los aspectos constitucionales relativos a los derechos ciudadanos.
Dicho proyecto también colocaba sobre el Estado dominicano la responsabilidad de garantizar la seguridad social a todos los ciudadanos, incluyendo las pensiones, así como medicamentos y servicios integrales de salud por enfermedad, discapacidad, atención psicológica y mental.
Esa propuesta también plantea puntos muy novedosos como es el retiro de los fondos ahorrados, atendiendo a una serie de condicionantes, que ayudarían a equilibrar la calidad de vida de los beneficiarios o ahorrantes. Siempre, desde esta tribuna hemos promovido y promoveremos que las leyes sean frutos de constructos de una ciudadanía activa, que se involucra, que investiga y que propone y creo que tal y como ha ocurrido en otros momentos históricos, ahora es importante que todos y todas nos involucremos.
Lamentablemente, todas estas propuestas de reformas nos encuentran con un movimiento social languidecido, en el que una gran parte de las organizaciones de la sociedad civil han pasado a ser una entelequia. La sociedad dominicana, en su conjunto, está llamada a jugar un rol activo en estos procesos reformatorios y dejar escuchar su voz para que creemos leyes que obedezcan a los intereses de los diferentes grupos que convergen en ella.
En este caso de la reforma a la seguridad social, es necesario ese involucramiento. En el 1987, cuando se creó el actual y controversial sistema, podría decirse que no se tenían mecanismos para informarnos respecto al contenido de aquella propuesta, pero ahora todo está a un clic.
Sin embargo, el Gobierno debe poner a disposición de la ciudadanía, de manera digital estos documentos para que cada ciudadano tenga acceso a esas propuestas, facilitando así su lectura y debate social.
De no involucrarnos todos: trabajadores, empleadores, independientes y todo el que ejerza una función económica de manera formal e informal, estariamos propiciando que estos proyectos resultarán en leyes hechas al antojo de los grupos interesados que negocian, acuerdan y realizan lobby y cabildeos en defensa de sus propios intereses.
Los intereses ciudadanos estamos llamados a defenderlos los propios ciudadanos, aunque tengamos representantes en esos espacios de creación de políticas públicas como lo es el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo.
