SANTO DOMINGO. En los últimos meses, la República Dominicana ha sido implantada de forma negativa por diversos escándalos que involucran a aspirantes, funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, con el tráfico de drogas y el lavado de activos, casos que, por su estructura y relevancia, quedarán marcados en la historia y en la memoria de cada dominicano.
Y es que pese a que en el país existe la Ley Orgánica de Régimen Electoral no. 15-19 en la que el Estado destina fondos superiores a los mil 260 millones de pesos para las agrupaciones políticas, con la finalidad de evitar que los partidos mayoristas y minoristas acepten ayudas materiales de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas, al parecer estos montos se tornan insuficientes a la hora de hacer las famosas “campañas electorales”.
Según la resolución 05-2021, realizada a la ordenanza antes mencionada, contempla partidas monetarias entre el 80, el 12 y el 8 por ciento para los partidos que hayan alcanzado entre el 5, el 1 y el 0.01% de los votos emitidos en las últimas elecciones presidenciales y congresuales de julio del 2020.
Estos montos ascendieron en ese entonces a RD$1,008 millones, 151 mil 248 y 100 mil 832 pesos, respectivamente. Sin embargo, sectores oscuros continúan respaldando económicamente los partidos políticos.
Esto así, porque la financiación para campañas políticas con dinero proveniente del narcotráfico, con los últimos casos que se han destapado en el país, ha dejado de manifiesto que esta mala práctica sigue presente en la clase política de esta nación caribeña. Y lo peor, aún no existe un instrumento jurídico que evite esta actividad fraudulenta, y que de la misma manera impida que aspirantes a puestos electivos que perciban fondos del tráfico de estupefacientes.
ESCÁNDALOS MÁS RECIENTES
El escándalo más reciente y el que ha acaparado toda la atención, tanto nacional e internacional y que está directamente vinculado a la narcopolítica, es el que ha sido denominado “Operación Falcón”, donde según el Ministerio Público, además de ser una organización criminal transnacional dedicada a traficar cocaína desde la República Dominicana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, también se encargaba de financiar campñas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías y los concejos municipales con el objetivo de buscar impunidad, tener incidencia y poder.
Uno de los implicados, el cuatro veces diputado por la provincia de El Seibo, Juan Maldonado Castro, quien está siendo acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), de fungir como jefe de operaciones o lugarteniente de la red de narcotráfico que lidera Erick Randhiel Mosquea Polanco.
Maldonado Castro, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de director en “Comunidad Digna”, es señalado además como el que recibía los cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica que ingresaban por la zona Este del país y como quien, supuestamente, coordinaba los envíos del mismo para la isla de Puerto Rico.
Tras el arresto del ex legislador, las autoridades profundizan las investigaciones para determinar el vínculo del seibano dentro de la organización criminal con los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, de Santiago de los Caballeros y Héctor Darío Féliz Féliz, de la provincia de Pedernales. Así como con Faustina Guerrero Cabrera, quien es esposa de Maldonado Castro y actual diputada de El Seibo.
¿POLÍTICOS NARCOS?
Sólo cuatro meses antes de este hecho, en mayo del 2021 se registró el apresamiento en un aeropuerto de la ciudad de Miami al también diputado por el Partido Revolucionario Moder- no (PRM) por Santiago de los Caballeros, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, quien está siendo acusado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), de tráfico internacional de drogas.
En enero de este año, también se produjo la detención de Boanerges Sánchez Nolasco, conocido como “W La Letra”, y quien en las elecciones pasadas. Aspiraba a la senaduría de la provincia de Hato Mayor. Sánchez Nolasco, fue arrestado por supuestas vinculaciones a la banda criminal del ya detenido y extraditado a los Estados Unidos, César Emilio Peralta, conocido a su vez como “César El Abusador”. Sin embargo, fue dejado en libertad.
Otro de los políticos arrestados en lo que va del 2021 y que las autoridades relacionan con el delito del narcotráfico, es quien era presidente de la Sala Capitular de La Romana, el regidor Faustino Ávila Guzmán, conocido como “Negro Tongolo”, acusado de supuestamente estar ligado a una red internacional de narcotráfico, que opera en la región Este del país.
CASOS MÁS ANTIGUOS
Se recuerda que, en diciembre del 2017, Bolívar Matos Féliz, regidor de Bahoruco por el partido de la Fuerza Nacional Progresista, fue detenido en Paraíso de Barahona por estar involucrado en el cargamento de mil 26 kilos de cocaína incautados en esa provincia. Matos Feliz fue sentenciado a cinco años de prisión por este delito.
Un año después, otro político que capturado fue Pascual Aristy Novas Novas, regidor por el partido de Gobierno en la provincia Independencia. El hombre fue apresado con un cargamento de 111 libras de marihuana en la autopista de San Isidro en Santo Domingo, además de la marihuana les fueron ocupados un revolver, seis celulares y 46 mil 200 pesos. Por este hecho, recibió una pena de 10 años en prisión.
En agosto del 2019, la Dirección Nacional de Control de Drogas, informó que detuvo al precandidato a regidor de Vicente Noble en Barahona, Antonio González, con un cargamento de 4 kilos de cocaína, 8 mil dólares y 71 mil 600 pesos dominicanos.
