Punta Cana, RD. La investigación al contrabando de más de 900 mil municiones desde el Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, vinculado a oficiales que las vendían tanto a bandas criminales en Haití como a negocios y armerías locales, evidencia la profundidad de la corrupción que indudablemente todavía persiste en esa institución.
Este escándalo, que también nos recuerda las fallas y diabluras ancestrales en todo lo largo y ancho de las zonas fronterizas con Haití, representa un desafío para la reforma policial impulsada por el presidente Luis Abinader, poniendo en entredicho los avances anunciados y subrayando la necesidad de una respuesta integral que abarque a todos los actores involucrados.
El caso no solo revalida una falla gravísima en los controles internos de la Policía, sino que también apunta hacia un entramado criminal que involucra tanto a actores locales como internacionales.
Según el Ministerio Público, estas municiones, entre las cuales se incluyen 230,340 cápsulas de calibre 5.56 milímetros para fusiles de guerra, fueron vendidas a bandas criminales en Haití, y también, a precios más altos, a armerías comerciales.
Estos elementos, que forman parte de las teorías que orienta el curso de las investigaciones del Ministerio Público, plantean muchas preguntas sobre los negocios legales que podrían estar siendo utilizados como fachada para operaciones ilegales.
ARMERÍAS ¿CÓMO SE SURTEN? El hecho de que estas municiones llegaran a armerías y comercios dedicados a la venta de armas y accesorios policiales revela un eslabón que debe ser investigado a fondo.
Si estas empresas tienen acceso a productos provenientes de fuentes ilícitas, entonces debemos colegir que no se trata solo de un delito administrativo, sino que además es una amenaza directa a la seguridad pública de República Dominicana.
La Policía y el Ministerio Público deben enfocar sus investigaciones no solo en los oficiales implicados, sino también en las armerías que pudieron beneficiarse de estas transacciones.
En el caso de las armerías, los investigadores deben identificar quiénes compraban estas municiones, cómo se justificaba su comercialización en el marco legal y, sobre todo, si hay complicidad de esas empresas en la venta y distribución de municiones y pertrechos de uso exclusivo militar.
El reto del Ministerio Público es, pues, demostrar que la corrupción que sindica a la Intendencia de Armas de la Policía no se limita a los policías involucrados en la supuesta trama, sino que se extiende a sectores del comercio privado que operan en la aparente legalidad.
CONTRABANDO HACIA HAITÍ Y SUS IMPLICACIONES
Por otro lado, la presunta venta de municiones a bandas criminales en Haití destapa una operación de contrabando que debe ser investigada más allá de los intermediarios directos.
Las autoridades dominicanas tienen la obligación de esclarecer quiénes eran los compradores finales en Haití, por qué puntos fronterizos cruzaban estas municiones y cómo lograron pasar sin ser detectadas.
Esto último pone en tela de juicio la efectividad de las instituciones fronterizas responsables de los controles convencionales, a cargo de militares y servicios aduanal y migratorio.
Si municiones de este tipo lograron salir del país, es probable que existiera una red de apoyo logístico que incluía financiamiento, transporte y complicidad pagada en los pasos fronterizos.
Por eso, estas investigaciones no pueden pasar por alto determinar quiénes financiaban estas operaciones en Haití.
Detrás de las bandas que se beneficiaron de este tráfico pueden estar empresarios o actores políticos haitianos que utilizan estas armas para consolidar su poder en el contexto de crisis social, política, económica y de seguridad que afecta al país vecino.
UN DESAFÍO QUE TRASCIENDE LA REFORMA POLICIAL Este caso, catalogado por el Ministerio Público como un “hecho de extrema gravedad”, pone en entredicho la credibilidad de la Policía Nacional, actualmente sometida a un proceso de reforma de alto costo económico para el Estado dominicano.
Este caso demuestra de forma práctica que la reforma policial que impulsa el presidente Abinader, aunque necesaria, debe ir acompañada de un enfoque integral que abarque el fortalecimiento de los controles internos en todas las instituciones relacionadas con la seguridad y el comercio de armas.
Además, es imprescindible que la frontera con Haití se convierta en una prioridad estratégica, no solo para controlar la migración irregular, sino también para frenar el flujo de armas, drogas y municiones.
Si este escándalo no se traduce en investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares, se corre el riesgo de perpetuar la percepción de impunidad y complicidades que ha afectado a la Policía Nacional durante décadas.
No se trata solamente de depurar la institución, sino de desarticular esos grupos y redes que se lucran con actuaciones impropias de las funciones y responsabilidades que por mandato de la Constitución y de su ley orgánica corresponden al cuerpo del orden público.
Esta investigación es una oportunidad para demostrar que el compromiso del presidente Abinader con la reforma policial no es una mera declaración, sino una acción concreta respaldada por investigaciones efectivas y reformas estructurales.
El objetivo tiene que ser restaurar la confianza de la ciudadanía en una institución que, por años, ha estado marcada por la corrupción y la ineficiencia.
