DISTRITO NACIONAL/ POR ALAN SOLANO / Dentro de los deberes fundamentales establecidos en el artículo 75 de la Constitución dominicana figura el contenido en su numeral 3, consistente en “Prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, de conformidad con la ley”. En la actualidad, la República Dominicana se encuentra en un contexto histórico convulso, donde la crisis interna de Haití y la postura de organismos internacionales como la ONU, ACNUR y Amnistía Internacional, los cuales pretenden que detengamos la expulsión de inmigrantes ilegales, tachándonos incluso de racistas y xenófobos, hacen necesario que analicemos todo el escenario de manera integral.
Recientemente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU reveló que el hambre en Haití ha alcanzado niveles récord, solo equiparables a los tiempos del terremoto de 2010, catalogándola como una “inseguridad alimentaria aguda”. Debido a la deplorable situación integral existente en Haití, es notorio que la migración ilegal ha alcanzado niveles nunca antes vistos, pues en todo el territorio dominicano, la presencia de haitianos indocumentados es abrumadora.
ESTAR PREPARADOS
Aunque lo ideal sería que el tema haitiano sea afrontado desde el marco del respeto de la Constitución dominicana y las leyes migratorias, como medidas preventivas y en aras de velar por la soberanía y seguridad nacional, la población debe estar preparada para un posible conflicto bélico, en el hipotético caso de que las Fuerzas Armadas locales necesiten la ayuda de la población civil en ese sentido. Tomando en cuenta esto, entendemos que para que los dominicanos podamos cumplir con nuestro deber constitucional de prestar servicios militares para la conservación de la Patria, se hace necesaria la instauración por vía legislativa del servicio militar.
Precisamente, la Constitución dominicana desde el 2010 establece una reserva de ley en ese sentido, sin embargo al día de hoy, 14 años y varios meses después, no contamos con la misma, lo cual constituye otra de tantas omisiones legislativas absolutas imputables a nuestro Congreso Nacional.
Lógicamente, no es posible que los dominicanos podamos cumplir con este deber fundamental si no recibimos el entrenamiento necesario para cumplirlo. En diciembre de 2023, el diputado Elías Wessin Chávez depositó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley en este sentido. Anteriormente, contábamos con una Ley de Servicio Militar Obligatorio, la cual era la número 1520 de 18 de septiembre de 1947, posteriormente derogada por la Ley número 5565 de 20 de julio de 1961. Ciertamente, nuestra mayor amenaza para la soberanía nacional es el exponencial aumento de la migración ilegal haitiana en el territorio dominicano.
No obstante, el texto constitucional establece este deber fundamental para cualquier situación anómala que requiera la intervención de la población civil en el servicio militar para defender la Patria en pro de su conservación. Por tanto, en aplicación de la Supremacía Constitucional, es indispensable que se promulgue la ley que rija el servicio militar.
