PUNTA CANA. El gobierno que preside Luis Abinader inicia hoy lunes una serie de encuentros con los partidos políticos, líderes sociales y empresariales, a los fines de firmar un pacto que procure doce reformas de tipo institucional, que buscan fortalecer el rol del Estado en áreas que son imprescindibles para alcanzar niveles adecuados y sostenibles de desarrollo en República Dominicana.
Las reformas esbozadas por Abinader en su discurso de rendición de cuentas, son en los siguientes ámbitos: el sector eléctrico, agua, Policía Nacional, salud y seguridad social y calidad educativa y transformación digital. También la reforma fiscal integral, el sector hidrocarburos y laboral, además de la Transparencia y la Institucionalidad.
Quizás por los precedentes de diálogos con resultados pírricos, desde el primer momento en que el presidente invitó al liderazgo nacional a participar de esta iniciativa, la opinión pública comenzó a especular sobre las intenciones reales del Poder Ejecutivo.
El poder de imaginación de algunos sectores baraja la versión de que se trata de una jugada maestra del Gobierno para anticipar consenso sobre temas que podrían generar descontento en la población, como la reforma fiscal para aumentar la sostenibilidad financiera del Estado, y la reforma constitucional, mencionada en el discurso de rendición de cuentas, aunque no forma parte del paquete de 12 reformas que serán discutidas.
Sobre la reforma fiscal integral, desde el Gobierno se ha dicho en reiteradas ocasiones que no es solo para aumentar los recursos obtenidos del fisco, sino que igualmente estará orientada a mejorar la calidad del gasto público, entre otros componentes.
Pero lo cierto es que este argumento no parece calmar la ansiedad que tiene la sociedad dominicana de ver finalmente de qué se trata el proyecto de reforma fiscal, que deberá pasar por las manos del Congreso Nacional para su discusión.
Es obvio que las autoridades no quieren enfrentar el sabor amargo de una escalada de protestas violentas como ocurrió en Colombia, tras el pueblo conocer el proyecto de reforma fiscal que pretendía aprobar el gobierno de esa nación suramericana.
Pero tampoco quisieran nuestras autoridades ver las calles ardiendo con una población rechazando una nueva reforma constitucional, de por sí bastante zarandeada, aun con la experiencia fresca de la modificación de que fue objeto en 2015, solo para imponer los afanes continuistas del ex presidente Danilo Medina.
El presidente Abinader ha puesto bajo escrutinio su palabra de que nunca impulsaría un proyecto de reforma constitucional para intentar postularse más allá de lo que la propia Carta Magna permite.
Para tranquilidad de muchos, al menos por ahora, la reforma constitucional no está incluida entre las 12 que serán tratadas en el seno del Consejo Económico y Social (CES).
EN CAMPAÑA PARA EL 2024
El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) cumplió su primer año el pasado 16 de agosto, pero para los partidos políticos de oposición esto no es una razón con el peso suficiente para entender que el país no puede ser sometido a un proceso de campaña electoral permanente.
Faltan tres años para las elecciones presidenciales, pero en la agenda de los partidos no está precisamente su gran interés de iniciar un proceso de reformas institucionales, que de concretarse facilitarán la consecución de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030).
Y es precisamente este comportamiento, alejado de los temas de interés común que se discutirían en el CES, lo que podría convertirse en desafío importante para la administración de Luis Abinader, en el entendido de que los partidos políticos convocados podrían hacer lo mismo que en otros diálogos, incidentar o buscar la forma de boicotear los debates, para que el presidente y su partido no sean los grandes ganadores de este intento de concertación.
Esta mirada, obviamente, adquiere significado en el contexto de los intereses políticos-partidarios que caracterizan la búsqueda permanente del poder. Así las cosas, Luis y su gobierno tienen ante sí la oportunidad de casarse con la gloria, siendo artífices de un llamado a reformar aspectos fundamentales de la vida nacional, pero si no lo logran, el en términos reales el gran perdedor sería el Estado dominicano. La suerte está echada.
