PUNTA CANA. Dicen que República Dominicana siempre está en política, pero lo cierto es que llegó el 2023 y con él empieza la cuenta regresiva para que el país nuevamente acuda a las urnas electorales a elegir a sus autoridades, tanto en lo municipal como en lo presidencial y quienes ocuparán cargos en el Congreso.
Todo indica que este año las precandidaturas, candidaturas y ofertas electorales arreciarán. Las próximas elecciones en República Dominicana serán celebradas el 18 de febrero de 2024, en el caso de los cargos municipales, y el 19 de mayo del mismo año,
en el caso de la presidencia y los cargos congresuales.
Ante el establecimiento de este calendario de elecciones, ya en el año 2023, se acercan importantes retos y exigencias para asegurar que se puedan desarrollar de manera transparente y con máxima legitimidad.
En ese sentido, a tan solo un año de cercanía con la celebración de los antes mencionados comicios, un aspecto relevante a considerar son las reformas electorales que actualmente cursan en el Congreso Nacional. Mejorar las leyes de Régimen Electoral y la de Partidos y Organizaciones Políticas.
Se considera esencial para realizarse en el año previo al electoral, 2024. Algunos analistas políticos coinciden que las leyes, en materia electoral, “son buenas”, pero que hay evidentes mejoras que redundarán en mayor confianza en los procesos electorales y
en el sistema democrático.
¿QUÉ TIENEN QUE MEJORAR?
La necesidad de esta mejora, a las referidas leyes, nace de varias consideraciones, entre las que se destacan potenciar las capacidades administrativas de la Junta Central Electoral (JCE) y robustecer la administración de los comicios, especialmente la precampaña y el uso de recursos por los partidos.
Otro aspecto que también resulta necesario revisar de cara a los comicios del año 2024 y en la que muchos analistas políticos coinciden, es la campaña a destiempo que actualmente se hace en República Dominicana, pues desde el año pasado ya se han visto numerosos actos políticos, de diferentes actores, sin sanciones contundentes a esta franca violación a la legislación electoral.
No obstante, si bien es cierto que es un aspecto que la JCE debe fiscalizar, es precisamente una parte de la razón por la cual se deben reformar las leyes electorales para endurecer estos aspectos, pues no hay claridad en la legislación actual, ni facultades de sanción fuertes que pudiera emplear el órgano de elecciones.
Es importante destacar, que el presidente de la JCE, Román Jáquez, advirtió que el Gobierno no asignó los recursos necesarios en el presupuesto de 2023, lo que pone en peligro la organización de las elecciones.
Resaltó que solo recibirá 2 mil millones de pesos adicionales al año pasado, y que ese monto se gastaría solo en las primarias de los partidos políticos.
PRECAMPAÑA, EL MÁS IMPORTANTE DESAFÍO
La compuerta a la violación de la Ley 33-18, la cual hace referencia a la campaña adelantada, la abrió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la “consulta” en la que escogió la candidatura presidencial, un año antes de la fecha fijada por la ley.
Ahora, el partido Fuerza del Pueblo (FP) tiene vallas con el rostro de Leonel Fernández, posible candidato presidencial de la organización, en distintos puntos de la capital y del interior del país.
El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) también ha incurrido en la campaña precoz. La secretaria general de la organización, Carolina Mejía, ha organizado varios actos en apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader. De hecho, en los actos públicos a los que asiste el mandatario nunca faltan las consignas reeleccionistas.
Los partidos políticos firmaron una “carta compromiso” por la “integridad electoral” que incluye evitar la campaña a destiempo, pero ha sido poco efectiva. Igualmente, la JCE
está inmersa en la discusión de un reglamento para establecer el procedimiento de sanción a las infracciones electorales. Pero ese proyecto va a pasos de tortuga. A nivel provincial, también es notorio el calentamiento del ambiente electoral, donde se habla de figuras locales que ostentan el poder en sus respectivas demarcaciones.
