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PUERTO PRINCIPE. Desde hace casi dos meses que fue asesinado del presidente haitiano Jovenel Moïse, un devastador terremoto y una apabullante tormenta tropical han desviado la atención pública del crimen cometido al ex jefe de Estado del vecino país.
Si a eso se le añade la creciente inseguridad debido a la violencia de las pandillas, es de entender que la investigación sobre la muerte de Moïse está rápidamente desapareciendo de la atención pública.
Incluso para quienes siguen pendientes del tema, se está haciendo evidente que llevar a los culpables a la justicia será imposible en un país donde reina la impunidad. Tampoco ayuda el hecho de que Moïse era detestado por buena parte de la población.
El asesinato parece destinado a sumarse a larga lista de crímenes sin resolver en Haití, como la del periodista Jean Dominique en el año 2000 o la del prominente abogado Monferrier Dorval el año pasado.
La posibilidad de hacer justicia para Jovenel es nula”, declaró a la cadena AP Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, uno de los más prominentes grupos de derechos humanos en Haití e integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
A pesar del pesimismo de Esperance, su grupo publicó un informe detallado sobre el magnicidio del 7 de julio, según el cual un equipo de mercenarios colombianos penetró en la residencia privada del presidente en una ladera sobre Puerto Príncipe, mataron a Moïse e hirieron a su esposa.
El informe documenta el arresto de sospechosos hasta el momento, entre los cuales se encuentran los encargados de la seguridad de Moïse. “Los autores intelectuales y materiales del asesinato pudieron contar con el apoyo de al menos dos jefes de la seguridad presidencial”, dice el informe.
Pero también insinúa que el primer ministro Ariel Henry, el ministro de Justicia Rockefeller Vincent e incluso Martine Moïse, la viuda del presidente, saben mucho más sobre el asesinato de lo que han revelado. El grupo dice que su informe se basó en apuntes tomados por los magistrados de paz que realizaron la etapa inicial de la investigación y en conversaciones con los arrestados. Preguntado sobre otras fuentes, Esperance no respondió.
El informe alega que el primer ministro sostuvo varias conversaciones telefónicas, incluso la mañana del asesinato, con Joseph Badio, un exfuncionario de justicia que ahora es un sospechoso principal del crimen. Cuando se le preguntó a Henry sobre Badio en una entrevista radial reciente, dijo que lo conocía y lo defendió.
