PERÚ. A pocos meses del inicio de la campaña presidencial en Perú, las autoridades electorales han decidido aumentar las medidas de seguridad para proteger a los candidatos y al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debido a una serie de ataques recientes que han generado alarma en el país. Entre las medidas que se evalúan se encuentra la dotación de chalecos antibalas para funcionarios y aspirantes, ante un contexto de creciente inseguridad.

En octubre pasado, el precandidato de derecha Phillip Butters sufrió un ataque durante una visita a una región con fuerte tradición política de izquierda. Butters tuvo que ser protegido por policías equipados con escudos de plástico para escapar de las piedras lanzadas por algunos residentes. Semanas después, otro precandidato, Rafael Belaúnde, del partido liberal, fue blanco de disparos mientras se trasladaba en su vehículo. Aunque salió ileso, el incidente incrementó la preocupación entre los aspirantes de los más de treinta partidos que planean participar en las elecciones presidenciales y al Congreso, programadas para el próximo 12 de abril.

ASESINATOS Y TEMOR POLÍTICO

La violencia política no es un hecho aislado. A fines de noviembre, Percy Ipanaqué, abogado y aspirante al Congreso por el partido de izquierda Juntos por el Perú, fue asesinado a tiros presuntamente por sicarios en la región norte del país. Este hecho llevó al presidente del JNE, Roberto Burneo, a solicitar al Gobierno acelerar los protocolos de seguridad electoral. “Lo que queremos es prevenir e identificar riesgos”, dijo Burneo a la prensa. El incremento de ataques no es exclusivo de Perú.

En Colombia, en junio de este año, dispararon contra el aspirante presidencial Miguel Uribe, quien murió meses después. En Ecuador, Fernando Villavicencio fue asesinado mientras hacía campaña en Quito en 2023. De acuerdo con el calendario electoral peruano, unos 39 partidos o alianzas políticas podrán presentar oficialmente a sus candidatos presidenciales antes del 23 de diciembre. En las elecciones de 2021 participaron 18 postulantes. Ningún aspirante supera el 10 % de intención de voto, según encuestas recientes, y Rafael Belaúnde, nieto del expresidente Fernando Belaúnde, apenas suma un 2 %. Todo apunta a que la elección presidencial requerirá una segunda vuelta el 7 de junio.

INSEGURIDAD CIUDADANA

Belaúnde afirmó que no se encontraba en actividad política durante el ataque, sino visitando un negocio de venta de terrenos de su propiedad al sur de Lima. “No creo que tenga vinculación política (…) la cantidad de peruanos expuestos a la inseguridad es muy alta”, dijo a la prensa. La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos, incluso por encima de la economía, pese a que el país mantiene baja inflación y uno de los mayores crecimientos de la región. Roberto Sánchez, precandidato de Juntos por el Perú y compañero de partido del legislador asesinado, criticó las políticas del Gobierno.

El presidente José Jerí, quien asumió en octubre tras la destitución de su predecesora, decretó ese mismo mes un estado de emergencia en Lima. Los homicidios aumentaron un 10 % entre enero y noviembre, alcanzando 2.053 casos, según datos oficiales. La decisión de dotar de chalecos antibalas y reforzar los protocolos de seguridad refleja un intento de anticipar riesgos y proteger la integridad de los aspirantes en un país donde la violencia política y la criminalidad amenazan el desarrollo normal del proceso electoral.