El Gobierno de Panamá analiza cómo cerrar de manera ordenada la mina de cobre de Donoso, en la provincia de Colón. Una comisión de varios ministerios recomendó al presidente José Raúl Mulino que el proceso sea pagado con los recursos que genere la propia mina y no con dinero del Estado.

El presidente recibió el informe, pero aclaró que todavía no ha tomado una decisión definitiva. Mulino dijo que estudiará el documento junto con abogados y el Consejo de Gabinete.

El informe fue preparado por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y Ambiente, Juan Carlos Navarro. Según Mulino, se trata de un estudio y una recomendación, por lo que no significa que la decisión final ya esté tomada.

Uno de los puntos principales del informe es una auditoría realizada por la empresa suiza SGS, con especialistas en minería y evaluación de riesgos. El estudio encontró problemas relacionados con la protección de la naturaleza, la recuperación de las áreas afectadas y la reforestación.

El ministro de Ambiente propuso utilizar los beneficios que pueda generar el cierre para reforestar otras zonas de Panamá, promover actividades ambientales y turísticas y mejorar la educación sobre el cuidado del medioambiente. También afirmó que Panamá no estaba preparada para construir la mina.

Mulino estableció seis condiciones que considera obligatorias para cualquier decisión sobre el futuro de la mina. Entre ellas está respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, empresa relacionada con la canadiense First Quantum Minerals.

El presidente también señaló que el Estado debe mantener el control sobre los recursos minerales del país. Además, pidió que todo el proceso sea transparente, con informes que permitan conocer los avances, y que se tome en cuenta principalmente a las comunidades afectadas de Donoso, La Pintada, Coclesito y el distrito especial Omar Torrijos.

Los alcaldes de estas comunidades estuvieron presentes durante la entrega del informe. Mulino también apoyó que cualquier nuevo proceso relacionado con el proyecto tenga supervisión independiente, siga estándares internacionales y permita la participación de los ciudadanos.

La mina dejó de operar hace casi tres años después de grandes protestas contra la minería metálica a cielo abierto. Según las autoridades, la suspensión provocó la pérdida de más de 6.000 empleos formales y unos 30.000 empleos informales. También salieron del país alrededor de 1.500 empresas y unos 2.000 proveedores relacionados con la actividad minera.

El informe sostiene que la paralización también tuvo efectos en la economía panameña, debido a la pérdida de los aportes que hacía el proyecto. Para el año 2024, se estima que la actividad minera representaba un 45,5 % del producto interno bruto, según los datos incluidos en el documento.

Por ahora, el Gobierno debe estudiar las recomendaciones antes de decidir qué ocurrirá con la mina. Mulino ha señalado que, si se realiza el cierre, deberá hacerse de forma ordenada, con recursos del propio proyecto y con controles que permitan verificar cada etapa.