Brasil.- El Gobierno de Brasil emitió este jueves 25 de septiembre una ordenanza que establece metas e indicadores destinados a erradicar el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta acción busca consolidar la lucha antirracista como una política de Estado permanente, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 18 (ODS 18), creado por Brasil en el marco de la Agenda 2030 de la ONU.
La normativa fue firmada por los ministerios de los Pueblos Indígenas, de Igualdad Racial y la Secretaría General de la Presidencia, y su implementación será monitoreada de forma continua por la Comisión Nacional para los ODS. El documento define diez objetivos específicos en áreas clave de la sociedad, acompañados de indicadores sociales y económicos que permitirán evaluar los avances en la reducción de las desigualdades.
En el ámbito laboral, el ODS 18 prioriza la erradicación del racismo en los entornos de trabajo, lo que implica dar seguimiento a la disparidad salarial, el empleo informal y la baja representación de personas indígenas y afrodescendientes en puestos de liderazgo.
En cuanto a la seguridad, la ordenanza destaca la necesidad de combatir todas las formas de violencia, incluyendo homicidios, feminicidios y delitos de odio, con un seguimiento detallado de los datos por raza y color.
El plan también contempla mejorar el acceso a la justicia y reducir las desigualdades dentro del sistema penitenciario, además de fomentar una mayor participación de pueblos indígenas y afrodescendientes en espacios públicos, empresas y organismos de toma de decisiones. Uno de los pilares del documento es la reparación histórica por las pérdidas territoriales, culturales y ambientales sufridas por las comunidades quilombolas y los pueblos originarios.
Respecto a la vivienda y servicios básicos, el Gobierno se compromete a garantizar el acceso a hogares dignos, agua potable, saneamiento y otros servicios esenciales, así como a fortalecer el derecho a una atención en salud de calidad, con enfoque intercultural.
En el ámbito educativo, la meta es asegurar un sistema inclusivo y libre de racismo, que reconozca y valore la diversidad cultural y lingüística del país. También se incluyen compromisos estatales relacionados con el reconocimiento del conocimiento tradicional y la participación de las comunidades en decisiones sobre biodiversidad y distribución equitativa de beneficios.
Por último, el plan hace hincapié en la necesidad de enfrentar la xenofobia y ampliar la protección de las personas migrantes con identidades indígenas o afrodescendientes, una realidad cada vez más visible en los movimientos migratorios de la región.
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