HATO MAYOR. La provincia de Hato Mayor del Rey, hasta la fecha, es la única de la región Este del país que no cuenta con un centro penitenciario para albergar a las personas privadas de libertad de esa localidad, sino que sus reos son movilizados hasta la cárcel pública de El Seibo, la cual se encuentra sobrepoblada.
La capacidad de la cárcel de El Seibo es para 248 reclusos y cuenta con cerca de 942, de manera que la construcción de un nuevo centro vendría a resolver dos problemas al mismo tiempo.
Mientras esta necesidad se acrecienta, son exiguas las posibilidades de que el nuevo centro se construya, esto a raíz de las escasas diligencias y la poca disposición gubernamental para esta obra. Las personas que son arrestadas permanecen en el cuartel policial de la ciudad de Hato Mayor, ubicados en tres celdas de poca capacidad, una para mujeres y dos paralelas para hombres, hasta tanto se les conozca el debido proceso judicial para luego ser traslados hacia El Seibo u otro centro correccional de la región.
Al mes, se movilizan aproximadamente 15 o 20 reos desde Hato Mayor a otras localidades.
Los hatomayorenses, que tienen a parientes recluidos en la cárcel de El Seibo, pasan por la necesidad de viajar dos veces a la semana, siempre que puedan, asumiendo costos y sacrificando sus bolsillos en un trayecto que les toma 25 minutos si se encuentran en el municipio de Hato Mayor, pero si viven en Sabana de la Mar, el viacrucis es mayor.
NADA CONCRETO
Al desvanecerse el plan de hacer una cárcel en común entre El Seibo y Hato Mayor, tras la falta de acuerdo en- tre autoridades sobre la ubicación de la misma, el alcalde hatomayorense, Amado De la Cruz, confirmó a El Tiempo, hace algunos meses, que ya existía un terreno propiedad del Estado y, más pronto que tarde contarían con el tan anhelado centro penitenciario. Sin embargo, son pocas las acciones que se han desarrollad, lo que deja en duda dicha afirmación.
Desde la Gobernación Provincial admitieron no tener conocimiento sobre si el proyecto carcelario está en carpeta o cual es el tipo de diligencias encaminadas para materializar la obra. De su lado, el senador Cristóbal Castillo, dijo que tienen la disposición del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y la buena voluntad de la Dirección General de Prisiones y todos los organismos del Estado, pero que “todavía no ha habido en sí la disposición del Gobierno de arrancar”.
Castillo aseguró que existen otros proyectos abiertos en la provincia, como una moderna emergencia en el hospital Leopoldo Martínez y el centro universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sin embargo, aún no tienen la autorización de una cárcel. “Sí, tenemos la voluntad de que se haga, porque la de El Seibo está en un hacinamiento total, incluso, la semana pasada murió un reo de aquí. Si ese muchacho hubiese estado en una cárcel aquí no hubiera fallecido por falta de medicamentos y eso”, subraya.
El legislador calificó la obra como “más que necesaria” por entender que, igualmente, es una forma de independizarse de la provincia madre que es El Seibo, además de las dificultades que enfrentan muchas familias para moverse hasta allí. Afanado, dice que estos deben visitar a sus reclusos y llevarles alimentos, ya que a nadie más que un hatomayorense le duele un reo de su localidad. “Un familiar que consigue para transporte, puede ir una dos veces al mes”, acentúa, mientras agrega que hay unos terrenos a unos siete kilómetros de Hato Mayor que tienen a su disposición.
NO SIEMPRE HAY PARAVISITAS
Maritza Acosta, quien vive en esta localidad y tiene un hermano cumpliendo una condena de 25 años por homicidio en la provincia vecina, relata que esta ha sido la peor situación por la cual su familia ha tenido que atravesar. Cuenta que son de escasos recursos y se mantienen con un colmado y los trabajos de agricultura que hace su padre.
“Hay semanas donde no puedo viajar, eso sin contar que siempre llevo comida y gasto hasta 500 pesos en pasaje con los motoconchos y guaguas que cojo. Eso, sin contar el tiempo en esta circunstancia. Creo firmemente que esa ha sido la peor parte de tener a mi hermano preso, para que él no pase trabajo, pero esa viajadera no es fácil, sobre todo cuando eres pobre”, cuenta.
La intranquilidad se extiende a la sociedad civil, demandantes de que este sector sea atendido y se aseguren los derechos humanos. El pastor Fernando Betancourt, pidió de manera encarecida a las autoridades provinciales hacerle frente a esta obra, por- que de forma descuidada, priorizan otras cosas y se olvidan de esa necesidad. Demandó más empeño en favor de un recinto cubierto de necesidades para los reos que lleguen allí, no sean privados de los derechos básicos.
DOLOR DE CABEZA ENTRE PROVINCIAS
Para José Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la provincia de El Seibo, la sobrepoblación del recinto perteneciente a esa localidad siempre ha sido un dolor de cabeza y objeto de preocupación para la institución que preside. Advierte que ya de hecho su ubicación la convierte en altamente peligrosa, por encontrase en el centro del pueblo y con un colegio detrás, y el hecho de ser receptora de reos provenientes de otras localidades empeora la situación.
“Es un gran problema que tenemos y ninguna autoridad de aquí hace nada. Nosotros estamos alarmados por la situación y queremos se haga un nuevo recinto entre ambas provincias. Esto afecta los dos lados y ahí lo que hay es humanos recluidos pasando circunstancias penosas. Ahí hay un desorden, ‘una vivantía’. Me comunico con muchos presos que me cuentan situaciones. Deben buscar una solución”, puntualiza Mercedes.
URGENCIA
La falta de una cárcel no solo es causa de preocupación en familias con pa- rientes y allegados presos en El Seibo, sino también para el sistema de Justicia. La fiscal adjunto de la Fiscalía de esta jurisdicción, Inés Bruno, afirma que una prisión en esta zona resulta ser una necesidad de primera, puesto que la pequeña cárcel preventiva en el cuartel de la Policía, solo retiene hasta tanto salgan las resoluciones emitidas por la juez de instrucción.
Bruno resalta que “la mayoría de los presos que están en El Seibo son de la provincia de Hato Mayor, y que, además, se facilitaría a familias tener un acceso más rápido a los presos y descongestionaría la prisión seibana. Entiendo es una preocupación de la procuradora Miriam Germán, y creo que se están haciendo diligencias. La necesitamos. No hay capacidad para presos preventivos”.
La magistrada destaca que, siempre envían una cantidad significativa de internos que incluyen otras cárceles de la región como el CCR de San Pedro de Macorís, porque, aunque esta es una demarcación pequeña, aquí se infringe mucho la ley, según Bruno. “Aquí hay tres delitos en común y son recurrentes. Está la violencia intrafamiliar, delitos sexuales y tráfico y microtráfico de sustancias controladas. Tenemos un municipio costero que incrementa los demás delitos y con envíos de sustancias por medio de viajes ilegales”, exterioriza.
Bruno añade que tienen una situación que no escapa al conocimiento de todos y es el hecho de la realización de pruebas de covid-19 a los reclusos, ya que, el recinto de El Seibo no los acepta sin prueba negativa, lo que demora aún más el proceso de traslado de un preso.
