LA ALTAGRACIA. La propuesta de elevar a municipio al Distrito Turístico Verón–Punta Cana ha encendido uno de los debates políticos más álgidos de los últimos años en la provincia La Altagracia. Lo que en principio parecía un reclamo legítimo de autonomía administrativa, se ha convertido en un dilema territorial, económico e institucional que enfrenta a dos zonas interdependientes: el pujante polo turístico de Verón-Punta Cana y el histórico municipio cabecera, Higüey.

El proyecto de ley, introducido en septiembre de 2024 por el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), del Partido Revolucionario Moderno (PRM), busca conceder autonomía plena a una de las zonas con mayor crecimiento poblacional, económico y urbanístico del país. Sin embargo, la propuesta ha provocado una ola de preocupación en Higüey, cuyos líderes políticos, comunitarios y empresariales advierten que esta decisión podría desestabilizar la economía y debilitar la gobernabilidad del municipio madre.

“NO ES UN TEMA FAMILIAR; ES UN TEMA DE HIGÜEY”

Durante un acto oficial donde se entregaron cheques para la ejecución de 37 obras en Higüey, la alcaldesa de este municipio, Karina Aristy, fijó una posición tajante. “Lo que se pretende hacer con nuestro municipio es inaceptable. Yo no puedo defender esto sola. Esto no se trata de Karina Aristy, ni de la hija de Amable, ni de una familia. Esto es de todos nosotros, de Higüey.

Y debemos estar a una sola voz”, declaró con energía. Aristy alertó que, de aprobarse la municipalización, Higüey podría perder hasta un 40% de su presupuesto actual, ya que una parte importante de los ingresos proviene de los arbitrios e impuestos generados en la zona turística. “Este año, si eso pasa, se cae el 40% del presupuesto aprobado.

El que sabe sumar, restar y dividir, sabrá de qué estamos hablando”, enfatizó. También denunció que la vista pública realizada en la zona turística para discutir este tema fue hecha “de forma secreta y antidemocrática”, sin convocar a las autoridades de Higüey. En respuesta, anunció una audiencia pública para el 29 de mayo en la Universidad Católica del Este (Ucade), en Higüey, con el objetivo de escuchar todas las voces y fijar una postura común. El regidor higüeyano Jefferson Castillo, de la Fuerza del Pueblo, ha propuesto una opción intermedia: la creación de una mancomunidad entre Higüey y Verón–Punta Cana, figura que permitiría una administración compartida de recursos e infraestructura, sin llegar a una separación política total. Esta idea ha sido bien vista por algunos sectores como un punto de equilibrio en medio del conflicto.

COMUNIDAD Y SOCIEDAD CIVIL TAMBIÉN RECHAZAN PROYECTO

Desde la sociedad civil higüeyana, uno de los pronunciamientos más críticos vino del arquitecto Cirio Castillo Valdez, presidente de la Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de La Altagracia (Comunalt+), quien advirtió sobre los riesgos de una decisión a su parecer precipitada.

“El proyecto ha irrumpido en el escenario público de forma repentina, ligera y, para muchos, preocupante. Resulta desconcertante que un tema de tal envergadura haya sido promovido sin el más mínimo consenso ciudadano”, declaró Castillo. Cuestionó, además, que la iniciativa provenga del propio senador de la provincia. “Más desconcertante aún es que esta iniciativa provenga de quien ostenta la más alta representación legislativa de la provincia”, dijo en alusión directa al senador Barón Duluc. Aunque reconoció que existen fundamentos legales, advirtió que la separación afectaría la cohesión territorial, identidad histórica y peso político de Higüey.

“La separación implicaría el golpe económico más fuerte que haya recibido Higüey en su historia reciente”, sentenció la alcaldesa.

LA CONTRAPARTE: “ESTO NO ES UN FAVOR; ES UN DERECHO”

Del otro lado del debate, el senador Barón Duluc y los vocales de la Junta Municipal de Verón–Punta Cana se mantienen firmes en su defensa y respaldo al controversial proyecto de ley. Marcelle Flores, vocal del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue enfática: “No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se entorpezca la elevación a municipio. Tenemos todas las cualidades para hacerlo y así será. Está bueno de vivir a costilla de este pueblo pujante”. Uridy Marte, vocal, aseguró que movilizará a la comunidad en defensa de esta causa.

“No solamente ganará nuestro pueblo, sino el país, porque tendremos mejores condiciones para seguir desarrollándonos de manera sostenible y sin injerencia en términos de planificación”, expresó Marte. Recordó que Verón–Punta Cana cuenta con 138,919 habitantes, más que 138 de los 158 municipios del país, y ocupa el puesto 13 en tamaño territorial. “Necesitamos tener la autonomía de planificarnos y dirigir en qué dirección enfocar el desarrollo de nuestro pujante distrito”, afirmó el vocal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Raúl Polanco, vocal del PRM, sostuvo que “no es un favor lo que se le está haciendo a Verón. Nuestro distrito reclama lo que le corresponde por ley. Cumplimos con todos los requisitos: población, identidad económica, infraestructura y fuentes de ingresos”. Además, propuso una solución transitoria para Higüey: “Sugiero entrar en una negociación donde paulatinamente se reduzca la asignación de recursos al municipio cabecera. Llegará un momento en que todos los recursos se quedarán aquí, pero hay que darle tiempo a Higüey para prepararse”.

El vocal Dionisio López, del Partido Fuerza del Pueblo (FP), aportó un argumento institucional a favor de la municipalización. “No solamente hablamos de dinero. Es que las instituciones no pueden venir aquí. Eso indica que tenemos limitaciones para tener nuestra propia Junta Central Electoral (JCE), para tener nuestro propio Juzgado de Paz”.

Afirmó que al no ser municipio, Verón–Punta Cana se encuentra rezagado y sin acceso a servicios esenciales. “Esos servicios son indispensables en el destino turístico más importante del Caribe insular. Hablamos de los servicios que por ley, al no ser nosotros municipio, no tienen acceso a la comunidad ni a la sociedad”, dijo López.

CHOLITÍN: “LA LEY YA DECIDIÓ”

El senador por La Altagracia y autor del proyecto de ley de la discordia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), aseguró que con la entrada en vigor de la Ley 368- 22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, el distrito de Verón– Punta Cana ya cuenta con autonomía plena en materia de planificación urbana, sin necesidad de ser elevado formalmente a municipio. “La autonomía de Verón ya no depende de que se le dé el título de municipio. La Ley 368-22 es clara: los distritos municipales con más de 15,000 habitantes tienen derecho a su propio Plan de Ordenamiento Territorial, con recursos asignados y capacidad de gestión independiente”, afirmó.

Barón Duluc explicó que la normativa representa un cambio estructural en el modelo de gestión territorial, ya que transfiere competencias y recursos directamente a distritos densamente poblados como Verón, que actualmente supera los 200,000 habitantes. “Esto significa que el Ayuntamiento de Higüey ya no puede seguir administrando los fondos de planificación y desarrollo urbano correspondientes a Verón”, enfatizó. Aclaró que, más allá del reconocimiento simbólico, Verón ya está ejerciendo funciones propias de un municipio:

“En lo práctico, Verón ya está funcionando con independencia en los aspectos más importantes del desarrollo territorial”, indicó Barón Duluc. El legislador altagraciano también instó al gobierno central a asumir su rol: “La ley ya decidió. Ahora el Gobierno Central debe asumir su responsabilidad y compensar a Higüey por la pérdida de esos recursos. Esta redistribución tiene impactos reales”.

Finalmente, Duluc llamó a una gestión responsable: “No basta con tener el control del territorio, hay que administrarlo con visión de desarrollo. Higüey debe ser compensado y Verón debe asumir con seriedad este nuevo reto. Esa es la dirección correcta y en eso enfocaré mi gestión”.

EL DILEMA: AUTONOMÍA O COHESIÓN TERRITORIAL

El debate sobre la municipalización de Verón–Punta Cana va más allá de los presupuestos. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo que debe adoptar La Altagracia. Mientras Verón alega derecho, capacidad y urgencia de autogestionarse, Higüey teme perder su columna vertebral económica y política. Ambas zonas comparten historia, vínculos familiares, circuitos comerciales y un mismo territorio. Pero el crecimiento exponencial del polo turístico y la creciente demanda de servicios e infraestructura exigen una transformación en la gestión pública.

¿La respuesta está en la separación o en una nueva forma de cooperación? Este es precisamente el reto que tienen los altagracianos, ahora divididos por una razón que de no ser debidamente manejada podría dejar heridas de larga cicatrización. La audiencia pública convocada en Higüey para el 29 de mayo promete ser un punto de inflexión. Será un espacio clave para escuchar argumentos, medir fuerzas y, quizás, trazar una hoja de ruta más consensuada. Por ahora, la provincia está dividida entre quienes ven en la municipalización una necesidad impostergable, y quienes la consideran un error histórico en construcción.