HIGÜEY, LA ALTAGRACIA. Todo parece indicar que el conflicto por la municipalización del Distrito Turístico Verón-Punta Cana amenaza con agudizarse. Mientras las autoridades de Higüey insisten en su reclamo de participación igualitaria en las riquezas generadas por este polo turístico, desde Verón se denuncia la ruptura de los acuerdos de mancomunidad y se avanza hacia la plena autogestión, con acciones concretas que buscan impedir que el cabildo de Higüey siga interviniendo en su territorio.

Apenas horas después de que los higüeyanos terminaran una consulta pública con una comitiva senatorial, donde legisladores, la Iglesia católica y líderes de la sociedad civil expresaron sus opiniones en torno al proyecto para elevar a Verón-Punta Cana a municipio, en la tarde del pasado jueves desde la demarcación turística se envió a Higüey la notificación que oficializa la ruptura del acuerdo denominado 50-50. Este paso traza un punto de agravamiento en el marco de la discusión.

La notificación indica que a partir de ayer, primero de junio, el Ayuntamiento de Higüey deberá abstenerse de realizar cualquier gestión vinculada al uso de suelo, planeamiento urbano o cobro de arbitrio en el territorio de Verón-Punta Cana. En la notificación, firmada por el director distrital Ramón Ramírez (Manolito), se establecen las siguientes disposiciones: • Abstenerse de transmitir solicitudes de uso de suelo o construcción dentro del territorio del Distrito Turístico Verón-Punta Cana.

• Abstenerse de emitir autorizaciones, permisos o certificaciones vinculadas al planeamiento urbano en esta jurisdicción. • Abstenerse de percibir o gestionar arbitrios derivados del uso de suelo o de actividades urbanísticas fuera de su competencia. • Abstenerse de realizar tasaciones, así como de recibir fondos o pagos correspondientes a proyectos ubicados dentro del distrito turístico. Esta decisión se sustenta en la sentencia TC/0152/13 del Tribunal Constitucional, emitida el 12 de febrero de 2013, mediante la cual se resolvió un conflicto de competencia entre ambos gobiernos locales.

En dicha sentencia se reconoció que el Distrito Turístico Verón-Punta Cana es un órgano des descentralizado y, por tanto, tiene derecho a gestionar su propia Oficina de Planeamiento Urbano. A raíz de esta sentencia, en el año 2014 ambas partes firmaron acuerdos para la distribución equitativa (50/50) de los ingresos municipales derivados del uso de suelo, incluyendo el pago por el uso del espacio público por parte del Consorcio Energético Punta Cana–Macao (CEPM), bajo las mismas condiciones.

Posteriormente, la Liga Municipal Dominicana emitió una resolución que ordena a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes, según el censo de 2010, formalizar la creación de su Oficina de Planeamiento Urbano. En cumplimiento de esta normativa y con el respaldo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se creó formalmente la Oficina de Planeamiento Urbano de Verón-Punta Cana mediante la resolución 85-2023, aprobada el 21 de febrero de 2023 por la Junta de Vocales del distrito. Finalmente, la notificación advierte que la Constitución Dominicana, en su artículo 148, establece la responsabilidad civil de las entidades públicas por los daños ocasionados mediante actos u omisiones administrativas.

Esto incluye cualquier gestión realizada fuera de su jurisdicción legal, por lo que el El conflicto derivado del proyecto de ley que busca elevar a municipio el Distrito Municipal Verón-Punta, en vez de avanzar hacia negociaciones entre las partes, apunta a intensificarse tras la notificación formal de la demarcación turística al Ayuntamiento de Higüey, advirtiéndole que a partir del presente mes de junio gestionará su territorio de forma independiente. Ayuntamiento de Higüey y Verón-Punta Cana. Ayuntamiento de Higüey podría ser legalmente responsable en caso de incumplimiento.

La discusión ha movilizado a autoridades locales, legisladores, empresarios, académicos y organizaciones comunitarias, que coinciden en que el progreso es necesario, pero debe hacerse sin romper la unidad y funcionalidad de una provincia de primer orden para el turismo nacional. En medio de estas tensiones, se han desarrollado espacios de escucha, como la vista pública celebrada en el Obispado de Higüey, que permitió exponer propuestas y preocupaciones de todas las partes involucradas. Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Higüey y presidente del Centro del Pensamiento Altagraciano, dio apertura a la jornada con una oración y una declaración clara: “Esta reunión no es una vista pública; es una reunión de escucha frente a una realidad”.

Aunque no se opone al desarrollo, planteó que deben establecerse acuerdos claros. Propuso la creación de una oficina colegiada de planeamiento urbano que gestione el crecimiento de forma planificada y conjunta. El senador Aneudis Ortiz, presidente de la comisión senatorial, recalcó que no se tomaría ninguna decisión durante el encuentro. “Todo está siendo grabado y será llevado al pleno del Senado para conocimiento de los demás legisladores”, afirmó Ortiz. En su intervención final, usó una metáfora que refleja el dilema: “Vemos a un hijo que está por alcanzar la mayoría de edad y quiere independizarse. Pero ese hijo debe mantener un compromiso con sus padres envejecientes”.

LA POSTURA DE KARINA

Una de las intervenciones más firmes fue la de la alcaldesa Karina Aristy, quien reconoció el derecho de Verón a convertirse en municipio, pero advirtió sobre el impacto que esto tendría en Higüey. “Todos los días salen de aquí más de dos mil guaguas con trabajadores. La materia prima de Verón sale de Higüey”, expresó. Recordó el acuerdo de 2016, validado por una sentencia del Tribunal Constitucional, mediante el cual el 50% de los recursos recaudados en Verón permanecen en Higüey. “Eso es justicia, no caridad. Separar completamente los recursos sin reconocer esa interdependencia sería debilitar la sostenibilidad de ambos territorios”, concluyó.

Otros funcionarios y legisladores como Francisco Villegas, Jorge Tavárez, Carmen de la Rosa, Onavel Aristy, Ángel del Rosario y Máximo Aristy Caraballo coincidieron en que Verón debe alcanzar la categoría municipal, pero sin afectar el equilibrio económico de la provincia. Se propuso mantener el acuerdo 50/50 como base de transición.

MANOLITO RESPONDE

Ramón Ramírez, director distrital de Verón-Punta Cana, defiende la municipalización como un paso necesario para lograr la autogestión territorial. Según Ramírez, “ser un municipio nos permitiría tener oficinas propias de Obras Públicas, Agricultura Medio Ambiente, INAPA y distritos escolares, como ocurre en San Rafael del Yuma”. También destacó que Verón necesita planificar su ordenamiento urbano sin injerencias de actores externos. Cuestionó los temores sobre el impacto en Higüey. Aseguró que la ciudad cabecera debe mejorar su estructura de recaudación y organización territorial para mantener su sostenibilidad.

“Higüey crece todos los días, y puede tener una gestión de cobranza del uso de suelo eficiente, como establece la ley”, explicó. Sobre los servicios, Ramón Ramírez afirmó que la autonomía permitiría mayor inversión en alumbrado, seguridad y obras públicas. Denunció que, actualmente, se otorgan permisos a proyectos sin exigir cumplimiento de normativas urbanas, lo que deja a la alcaldía local con los problemas estructurales una vez concluidas las construcciones.

EMPRESARIOS Y REGIDORES

Carlos Piña, representante de la Unión de Empresarios de La Altagracia (UEPAL), manifestó el respaldo del sector privado a iniciativas que promuevan el bienestar colectivo y el respeto a las instituciones. El presidente del Concejo de Regidores de Higüey, Josías Castillo, fue enfático: “Separar los recursos afectaría gravemente la operatividad municipal. Hablamos de calles que no se construirían, mercados que no se acondicionarían y programas sociales que se perderían”.

Propuso una mancomunidad funcional entre Higüey y Verón. Desde la sociedad civil, tanto el pastor Ruddy Hidalgo como Julio César Cedano, de la Federación de Juntas de Vecinos, coincidieron: “No nos oponemos al municipio, pero los recursos deben dividirse 50-50”. De su lado, Enoide Cedeño, directora de la UASD-Higüey, apeló a la formación de ciudadanos críticos y al diálogo como herramienta de solución. Aunque hay tensiones, el punto de encuentro entre ambas partes es claro: ni Higüey ni Verón se oponen al progreso.

El desafío está en diseñar una transición que permita la independencia administrativa de Verón sin desmembrar la capacidad operativa de Higüey. El llamado es al Gobierno Central y al liderazgo provincial para que medien con sensatez, y se garanticen condiciones justas para ambas partes. Porque el verdadero riesgo no está en la separación territorial, sino en la ruptura institucional de una provincia que es clave para el turismo nacional.