HIGÜEY. Felipe Castillo, el profesor acusado de falsificar un título universitario para entrar como docente al sistema educativo nacional, y recientemente juramentado como presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Higüey, asegura que su ingreso al sistema educativo fue completamente legal. «Lo que tenía que probar era que llegué al Ministerio de Educación por la vía legal y no a través de un título falso. Ese tema se aclaró completamente. El Ministerio cerró la investigación porque no encontraron ningún título falso en mi expediente», afirmó en declaraciones a El Tiempo.
Castillo explicó que su nombramiento en 2006, mientras trabajaba como sustituto en el liceo San Vicente de Paúl, se basó en un diplomado gestionado a través de la Universidad Iberoamericana (Unibe), el cual consideró suficiente para su contratación. «No fui cuestionado por falta de título en el Ministerio de Educación. Todo quedó claro, y los procedimientos administrativos relacionados con mi caso fueron resueltos de acuerdo con el Estatuto Docente y la Ley de Educación», añadió.
No obstante las afirmaciones de Castillo, este medio supo por fuentes ligadas a la investigación de este caso que ciertamente este profesor carece de una titulación formal y que actualmente está cursando estudios de Derecho.
La misma fuente también señala que sigue vinculado al Ministerio de Educación y figura en la nómina de esta dependencia estatal, pese a las dudas sobre la validez de sus credenciales académicas. EL CASO JUDICIAL QUE AÚN LO ENVUELVE El proceso judicial por presunta falsificación de título, iniciado el 7 de mayo de 2022, continúa abierto. Según la denuncia original, Castillo habría ingresado al Ministerio de Educación utilizando un título falso de la Universidad Central del Este (UCE).
El Ministerio de Educación desvinculó a Castillo de sus funciones como docente el pasado 6 de julio, citando el uso de documentación académica irregular. Sin embargo, Castillo insiste en que estos señalamientos son infundados. El caso está en la fase de juicio de fondo bajo la jurisdicción del Departamento de Litigación Final, en el departamento judicial de La Altagracia. La fiscal encargada, magistrada Idalia Peralta, programó la próxima audiencia para el 13 de enero de 2025. El Tiempo se enteró de que en el transcurso del juicio, la parte querellante desistió del proceso tras llegar a un acuerdo privado con Castillo. A pesar de esto, la UCE mantiene su demanda, lo que ha permitido que el caso continúe abierto.
En la última audiencia, la ausencia de Mártires Bastardo, director del Distrito Educativo 12-01 de Higüey, generó especulaciones sobre su postura en el caso. Hasta el momento, Bastardo no ha ofrecido declaraciones al respecto. Mientras tanto, sectores del magisterio piden claridad y transparencia en el proceso, cuya resolución será clave para determinar las repercusiones legales y éticas en la trayectoria de Castillo y en la confianza de los docentes de Higüey.
