Oscar Quezada, oquezada@editorabavaro.com
HIGÜEY. Contrario a lo que manda la Ley del Distrito Municipal y los Municipios (176-07), específicamente en su artículo 131, la gran mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales de La Altagracia se limitaron a detallar, con ribetes francamente políticos, las obras ejecutadas y sus bondades, más que decir en qué y cómo gastaron los recursos recibidos en un año de gestión municipal.
Joselo Martínez, director municipañl de La Otra Banda, se convirtió en la excepción, al presentar un verdadero informe de rendi- ción de cuentas.
Y es que el citado artículo 131 es más que claro. Pues, ordena a los funcionarios municipales a ofrecer un resumen minucioso del gasto presupuestario de las partidas que reciben del Estado, y de los impuestos que cobran a las comunidades a las que sirven.
El artículo 131, titulado “Memoria Anual”, establece: “los síndicos/as presentarán el 16 de agosto de cada año una memoria en la que darán cuenta detallada de la gestión municipal, incluyendo referencias al desarrollo de los servicios, estadísticas de trabajos, iniciativas, proyectos en trámite, estados de situación, económicos y modificaciones introducidas en el inventario general del patrimonio y catastro de bienes inmuebles del municipio”.
Conceptualmente, una rendición de cuentas consiste en la obligación que tienen los funcionarios públicos de informar, de manera detallada, todas y cada una de sus acciones y decisiones. Esto incluye una explicación minuciosa de cómo han utilizado los recursos que le han asignado para su administración.
Sin embargo, los alcaldes y directores municipales de esta demarcación se ahorraron la obligación de cumplir con este mandato instituido por ley. En sus discursos se advirtió claramente su afán por resaltar las bondades de sus gestiones municipales, y obviaron explicar en detalles cuál fue el destino final de los recursos aportados por los munícipes-contribuyentes.
La cuenta rendida
La alcaldesa reformista del municipio cabecera de Higüey, Karina Aristy, inició sus palabras diciendo que “para la seguridad ciudadana, el ayuntamiento ha construido destacamentos policiales, centros comunales. Hemos construido parques, canchas deportivas, iglesias, policlínicas, entre otras”.
Luego, Aristy pasó a enumerar la construcción de varias obras ejecutadas durante el período julio 2013- junio 2014. Pero en ningún momento ofreció la cifra general gastada ni dijo con base a qué monto fueron ejecutadas esas obras.
La alcaldesa de Higüey tampoco dejó claro en su alegada rendición de cuentas los “estados de situación, económicos y modificaciones introducidas en el inventario general del patrimonio”, tal y como establece el aludido artículo 131 de la Ley 176-07.
Otro que hizo caso omiso a lo que le manda a hacer esta legislación fue el director de la junta municipal de Boca de Yuma, Rafael Eusebio (Fen), del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Este funcionario municipal ni siquiera se tomó la molestia de presentar un informe escrito ni oral de lo que recibió y gastó; y ni qué decir de los estados financieros de la junta distrital que dirige.
Un dato que Eusebio incluyó como relevante en lo que a su juicio fue una rendición de cuentas, es que nombró una de las calles de Boca de Yuma con el nombre de Elpidio Brito, en honor a este reconocido organizador de viajes ilegales hacia Puerto Rico. “Incluso, me llevó a mí”, dijo el alcalde, sin ruborizarse.
Igual de incumplidor con la Ley 176-07 fue el director municipal de las Lagunas de Nisibón, Puro Mercedes Peña. Este señor se limitó a decir que recibieron poco más de 16 millones de pesos, pero sin especificar con cifras concretas los montos gastados en cada obra.
Mercedes Peña dijo que ese dinero fue invertido en construcciones de aceras y contenes; la edificación de un parque recreativo, que dijo está avanzado en un 75%; una biblioteca y compras de juguetes para los niños de la comunidad.
Y como si se tratara de un discurso para ganar adeptos para un proyecto político particular, continuó diciendo que esos recursos fueron invertidos en pagos de personal, seguro médico, pago de terrenos alquilados para tirar desechos sólidos, actividades deportivas y aportes económicos a personas envejecientes.
El director distrital de Verón-Punta Cana, Radhamés Carpio Castillo, tampoco informó a los asistentes el monto de ingresos y egresos que tuvo esa institución durante un año. Cuando El Tiempo lo abordó para que diera detalles de lo recibido y gastado, esta fue la respuesta simple y llana recibida por este semanario: “hemos invertido unos 8.0 millones (de pesos) en diversas obras a favor de la comunidad”. Y no dijo más.
Quien se convirtió en la excepción entre los alcaldes violadores de la ley que rige su desempeño, fue el director municipal de La Otra Banda, Joselo Martínez. Fue el que más se ajustó a los requisitos y criterios definidos por el artículo 131 para una correcta rendición de las ejecutorias de un ayuntamiento.
Martínez dijo cuántos recibe mensualmente y lo que recibió desde agosto del 2013 hasta julio del 2014; cantidad y tipo de obras; cómo y en qué se gastó cada centavo recibido. Y para mostrar mayor transparencia, dijo que el cabildo que dirige ha puesto a la completa disposición de sus munícipes las informaciones más relevantes en cuanto a los ingresos percibidos, gastos corrientes y de capital, presupuesto participativo y las obras realizadas.
…Y no sólo el artículo 131
Además del categórico artículo 131 de la Ley 176-07, los funcionarios municipales están obligados a informar cuántos reciben y en qué gastan el dinero del pueblo, por otros apartados de esta misma legislación. El artículo 246, sobre “Rendición de Cuentas”, no deja espacio para la duda o discusión de esta responsabilidad, evidentemente evadida por casi todos los alcaldes y directores municipales de La Altagracia.
Este artículo señala que “los servidores públicos de los municipios tienen la obligación de responder ante los ciudadanos por su trabajo, donde expliquen a la sociedad sus acciones, y aceptar consecuentemente la responsabilidad de las mismas. En este sentido, los ayuntamientos difundirán en forma periódica la evolución del gasto municipal, especialmente de la inversión, a través de boletines, de páginas Web y de cualquier otro medio”.
