HIGÜEY. La Unidad de Violencia de Género en Higüey recibe entre 10 y 15 denuncias diarias, una demanda que aumenta durante los meses de verano y refleja la presión constante sobre el sistema.
En lo que va de 2025, la provincia La Altagracia acumula 1,598 denuncias por violencia de género, una cifra que avanza con rapidez hacia los 2,243 casos registrados en todo el 2024, según datos de la propia unidad especializada.
La procuradora fiscal y directora de la unidad especializada, Adivy Yomarlis Cedano Santana, explicó que estas cifras evidencian tanto la magnitud del problema como la confianza cada vez mayor de las víctimas en acudir a las autoridades.
Afirmó que el compromiso del Ministerio Público con la defensa de los derechos de las mujeres es “inquebrantable”, subrayando que la prioridad al recibir una víctima es ofrecer protección inmediata, acompañamiento emocional y garantizar que la denuncia es el primer paso para romper el ciclo de violencia.
Cedano Santana destacó que la intervención institucional no se limita a las mujeres afectadas, sino que también abarca a los menores que sufren las consecuencias de estos hechos. “La violencia destruye no solo a la víctima, sino a toda la familia, incluso al agresor”, afirmó.
Avances y reformas en el sistema La procuradora resaltó que la República Dominicana ha logrado avances importantes en la creación de mecanismos jurídicos y programas de apoyo que fortalecen la protección de las víctimas.
Señaló que el país continúa adaptando sus políticas a los cambios sociales con el fin de ofrecer respuestas más efectivas y oportunas.
Uno de los logros más relevantes, dijo, es el mecanismo de alerta colectiva, que permite actuar con rapidez ante cada denuncia. Además, las vías de acceso al sistema se han ampliado, facilitando que más mujeres puedan solicitar ayuda sin barreras. Red de apoyo interinstitucional Cedano Santana también valoró la consolidación de una red de apoyo interinstitucional en la provincia, en la que participan la Policía Preventiva, el Ministerio de la Mujer, equipos multidisciplinarios y la Línea Vida, un servicio nacional de asistencia inmediata.
Esta plataforma, explicó, se integra a los mecanismos de prevención, acompañamiento y respuesta, garantizando acceso rápido y seguro a quienes enfrentan situaciones de riesgo. Consideró que su fortalecimiento constituye un avance significativo en la atención oportuna a las víctimas.
Desafíos aún pendientes
A pesar de los progresos, persisten desafíos profundos. Cedano Santana mencionó la resistencia cultural, los prejuicios sociales, la falta de sensibilidad y la desintegración familiar como factores que continúan alimentando la violencia. Recalcó la necesidad de seguir trabajando desde las comunidades para promover valores, respeto, igualdad y conciencia social.
Durante una visita reciente a la sala especializada, se observó una marcada presencia de mujeres jóvenes presentando querellas, especialmente por amenazas y conflictos con sus parejas, un patrón que se repite con frecuencia en la provincia.
Llamado a una respuesta colectiva Frente al aumento de casos, organizaciones comunitarias y grupos de apoyo han solicitado mayores recursos para reforzar la protección de las víctimas.
La procuradora aseguró que el Ministerio Público y las instituciones aliadas desarrollan nuevas iniciativas para ampliar los servicios de apoyo psicológico, fortalecer los programas de prevención y mejorar los mecanismos de seguridad.
Cedano Santana insistió en que la colaboración entre el Estado, la sociedad civil y las comunidades es esencial para combatir este flagelo y garantizar los derechos de las mujeres en toda la provincia.
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