HIGÜEY. La disputa por el cobro de arbitrios y la legalidad para autorizar el desarrollo de proyectos inmobiliarios vuelve a resucitar con nuevos bríos en la provincia La Altagracia. Pero esta vez con un nuevo y fervoroso jugador en la cancha: la Junta Distrital de La Otra Banda. Esta disputa, que refleja tensiones más amplias sobre la autonomía municipal y la gestión territorial, ha puesto en el centro del debate la legalidad de varios proyectos de construcción en la zona de La Javilla, carretera La Otra Banda-Verón. Los motivos de este conflicto, que ya ha generado controversias pasadas con Verón-Punta Cana, ahora enfrentan a dos localidades con visiones opuestas sobre sus competencias y derechos.

TU ME DAS, YO TE DOY

En medio de esta disputa, el Concejo de Regidores de Higüey dio un paso firme al ordenar la paralización inmediata de cuatro proyectos inmobiliarios en La Otra Banda, específicamente en el sector La Javilla de la carretera La Otra Banda-Verón. Así figura en la Resolución 05/2025, emitida el 20 de febrero por los regidores higüeyanos, que argumenta que esos proyectos carecen de los permisos de cambio de uso de suelo requeridos por la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 6232 sobre Planificación Urbana y la Resolución 02-2021, que regula el desarrollo urbano en el municipio.

La Junta Distrital de La Otra Banda no tardó mucho en responder ese flechazo. En la sesión extraordinaria 03- 2025, mediante la resolución 01- 2025 celebrada el pasado 22 de febrero, el Concejo de Vocales del Distrito Municipal La Otra Banda rechazó la Resolución 09-2025 emitida por el Concejo de Regidores de Higüey, tras considerarla violatoria a la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

Y he ahí las posturas que a futuro podrían generar un tranque que ameritará dos posibles salidas: O este pleito se dirime en los tribunales o ambas partes se sientan en la mesa del diálogo para negociar un acuerdo de mancomunidad como ocurrió por este mismo conflicto entre Higüey y Verón- Punta Cana. Este entendimiento implica una colaboración técnica conjunta en la Oficina de Planeamiento Urbano, hasta que entre en vigencia el reglamento de aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial. A partir de ese momento, el Distrito Turístico Verón-Punta Cana manejará de manera autónoma su propia Oficina de Planeamiento Urbano.

ARGUMENTACIONES

Para paralizar los proyectos inmobiliarios en La Otra Banda, la decisión de Higüey se basa en precedentes legales establecidos por el Tribunal Constitucional, que reafirma que los distritos municipales no tienen la autoridad para otorgar permisos de uso de suelo.

Los regidores de Higüey subrayan que dicha sentencia establece que esta facultad recae exclusivamente en los Concejos de Regidores de los municipios. Además, se apoyan en la normativa local que exige una evaluación técnica previa de la Oficina de Planeamiento Urbano antes de que cualquier proyecto sea sometido a la aprobación del Concejo de Regidores.

Para reforzar lo aprobado en la Resolución 05/2025, del 20 de febrero, el pasado miércoles 26 en sesión extraordinaria el Concejo de Regidores de Higüey aprobó una resolución que otorga plenos poderes a la alcaldesa Karina Aristy Cedeño para proceder legalmente con el cobro de arbitrios adeudados por los proyectos en La Otra Banda.

Y para que no quepan dudas de su determinación, el Concejo de Regidores instruyó al Departamento Jurídico de la Alcaldía de Higüey para notificar a los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Edificaciones, Medio Ambiente y Turismo, así como al Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), Ede-Este, la Oficina de Registro de Títulos y otras entidades, a fin de que se abstengan de cualquier emisión de documentación o permiso a favor de estos proyectos hasta que sus promotores regularicen su estatus legal.

Los vocales de La Otra Banda, con el director distrital Alexander Rodríguez a la cabeza, insisten en que aun sin su reglamento de aplicación la resolución 05/2025 aprobada por el Consejo de Regidores de Higüey carece de fundamentos jurídicos. Alegan que esa resolución está sustentada en normativas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial.

El Concejo de Vocales insiste en que esta ley, en sus artículos 24, 108 y 117, otorga potestad plena al Distrito Municipal La Otra Banda en materia de ordenamiento territorial y uso de suelo, en función de su población y de los derechos adquiridos por la legislación vigente. En entrevista con El Tiempo, el director Alexander Rodríguez, sin pensarlo dos veces, lanzó su grito de guerra: “Estos proyectos no han sido paralizados y no serán detenidos”. La pelota sigue en la cancha.