La Romana. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana condenó a diez años de prisión a cinco miembros de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, tras admitir la aplicación del procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público.

Los condenados son Kendy José Ramírez Aquino, conocido como “CDI”; Paola Moni Ochoa, alias “Estella”; Matilde Aquino, conocida como “Marilyn”; Starlin Manuel Basker Vásquez y Ángel Gabriel Rodríguez Martínez, apodado “Mello”.

La sentencia también establece multas equivalentes a 50 salarios mínimos del sector público para Ramírez Aquino, Ochoa y Aquino, mientras que Basker Vásquez y Rodríguez Martínez deberán pagar una multa de RD$50,000 cada uno.

Además de las penas impuestas, el tribunal ordenó el decomiso de todos los bienes ocupados durante la investigación, incluyendo vehículos de alta gama y dos inmuebles valorados en más de RD$10 millones.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana recordaron que el caso se originó tras una serie de allanamientos simultáneos realizados el 1 de junio de 2023 en distintos puntos de la provincia, donde fueron arrestados varios integrantes de la organización criminal.

Durante los operativos, las autoridades incautaron cantidades significativas de cocaína, marihuana, crack, molly y éxtasis, así como armas de fuego, vehículos utilizados para la distribución de drogas, dinero en efectivo, registros contables, equipos electrónicos y laboratorios clandestinos destinados al procesamiento y empaque de sustancias narcóticas.

Las investigaciones posteriores permitieron establecer que la organización utilizaba el sistema financiero nacional, así como bienes muebles e inmuebles, para ocultar y legitimar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas. Según el Ministerio Público, Paola Moni Ochoa y Matilde Aquino desempeñaban funciones de testaferros dentro de la estructura.

El análisis patrimonial y financiero evidenció una marcada desproporción entre los ingresos declarados por los acusados y el valor de los bienes adquiridos, lo que fortaleció las pruebas de lavado de activos y permitió el decomiso de propiedades millonarias vinculadas a la red.

Las autoridades determinaron que la organización era encabezada por Kendy José Ramírez Aquino y mantenía una amplia red de distribución de narcóticos en La Romana, utilizando terceros y diversas inversiones para ocultar el origen ilícito de los fondos.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Antilavado, y Johanny López Vargas, de la Fiscalía de La Romana, mientras que la litigación fue sustentada por los fiscales Hitler Sánchez y John Mota ante la jueza Denia Beras.

El Ministerio Público informó que el proceso judicial contra otro de los implicados, Elvin Jacin Pérez, conocido como “Yonquely”, continúa pendiente y tiene audiencia programada para el próximo 23 de julio de 2026.