LA ROMANA. (Limber Ramírez/Especial para El Tiempo) La cárcel preventiva de esta ciudad tiene más de 40 años de construida, y opera en el parqueo de los jueces y fiscales del Palacio de Justicia. Ese recinto carcelario fue diseñado para unos 70 reclusos, pero la ocupan hasta 200 privados de libertad, bajo condiciones infrahumanas.
El representante de los Derechos Humanos, en esta ciudad Edgar Núñez, denunció que las condiciones en que viven los presos no se pueden describir con palabras por la incomodidad y la falta de trato humano. “La cárcel se ha convertido en un negocio para la Policía, que es la encargada de la seguridad. Sabemos que en papel la encargada es la Procuraduría Fiscal de La Romana. Todos lo que van ahí lo que hacen es que se adhieren a lo que allí se hace”, dijo.
Afirmó que la cárcel cuenta con 4 celdas y que a los presos al llegar se les pide hasta 15 y 20 mil pesos semanales para estar en una de las celdas más acomodas y los que no pueden, tienen que buscar 2 mil pesos, lo que permite que se beneficien policías y los denominados ‘prebostes’, que son los que dominan la celda.
“Eso se convierte en su empresa, porque tienen que pagar semanal, sino hasta le dan golpes. La verdad hay que decirla, las condiciones a las que son sometidas esas personas son infrahumanas”, expresó. Núñez afirmó que los presos se comunican con él por teléfono para denunciar atropellos y la violación de sus derechos.
Explicó que, en ocasiones no llevan al médico a tiempo a los privados de libertad y se les complica su salud.
Sostuvo que la cárcel debe ser movida a un lugar más amplio, en el que las personas puedan tener más espacio, a unos terrenos que está cerca del peaje y del cementerio. Según señaló el defensor de los Derechos Humanos los terrenos fueron donados a la fiscal Reina Yaniris, hace más de dos años y la Procuraduría no envía los recursos para que se comience a construir.
La madre de un joven, quien pidió que no se revelara su nombre, dijo que su vástago hace dos años perdió la vida en la cárcel. Esto luego de un incendio provocado por uno de los privados de libertad, quien se resistía al traslado hacia el CCR-15. Se quejó de que ella todavía lamenta la pérdida de su hijo, porque esa muerte se podía evitar, ya que el imputado debía ser movido al CCR-15 de Cucama y porque no había pagado la limpieza no lo subieron a la celda de arriba.
Este medio trató de conversar con representantes del Ministerio Público en esta ciudad, pero no fue posible.
