LA ROMANA. El Concejo de Regidores de La Romana aprobó una resolución que rechaza y desaprueba la Resolución DJ-008-22 emitida por el Ministerio de Turismo, la cual establece el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico del Distrito Municipal de Caleta. Dicha normativa exigía que toda persona o empresa que desee construir o desarrollar un proyecto contara con la certificación de No Objeción de uso de suelo emitida por el Ministerio de Turismo.

La solicitud de la resolución fue presentada por Ulises Aquino Franco “Helpy”, presidente de la Comisión Jurídica del Ayuntamiento, quien señaló que la medida contraviene las funciones propias de los ayuntamientos. Aquino Franco destacó que el Tribunal Constitucional ha reafirmado que emitir la No Objeción de uso de suelo es una función inherente al Concejo de Regidores, facultad que la ley le reconoce a través de la Constitución y la Ley 176-07.

El concejal advirtió que la resolución del Ministerio de Turismo ha afectado las recaudaciones del Ayuntamiento del Distrito de Caleta y del municipio de La Romana, debido a que los arbitrios no están ingresando como antes por la nueva normativa. La resolución aprobada por el Concejo permitirá que las personas que deseen construir en el distrito solo necesiten la aprobación del Departamento de Planeamiento Urbano y del Concejo de Regidores, sin requerir la certificación del Ministerio de Turismo.

IMPACTO EN LA INVERSIÓN

En relación a esta medida, el desarrollador de proyectos Aníbal Montero manifestó que tras la aprobación de la resolución de Turismo, las inversiones en Caleta han disminuido considerablemente debido a los obstáculos para obtener permisos. Montero enfatizó que no toda la tierra del distrito está destinada al desarrollo turístico y que, hasta ahora, no ha observado más de 10 turistas extranjeros simultáneamente en la zona declarada como turística.

Además, señaló que las nuevas restricciones, como la limitación de construcciones a no más de cuatro niveles, impiden el máximo aprovechamiento del suelo y frenan la ejecución de proyectos mayores, como torres de apartamentos y edificaciones altas. El empresario concluyó que la normativa ha afectado no solo a los desarrolladores, sino también a ingenieros, arquitectos, personas vinculadas a la construcción y negocios locales, que sufren la disminución de visitantes y la merma en la actividad económica de la zona.