HIGUEY. Los abogados defensores del chofer Franklin Nin Pérez, conductor del vehículo accidentado en el cruce Domingo Maíz, Verón, provincia La Altagracia, reaccionaron indignados hoy, luego de conocer el recurso de recusación al juez Gregorio Torres Spencer, interpuesto por el Ministerio Público y la parte querellante.
El abogado Roberto Miguel Encarnación, uno de los defensores de Nin Pérez, dijo que el Ministerio Público al ver con la imparcialidad que se ha manejado el juez, decidió recursarlo, con la finalidad de que el caso no avance en la justicia.
El jurista, defensor del chofer Franklin Nín Pérez dijo sentirse indignado porque el populismo judicial se ha apoderado de esa jurisdicción y responsabilizó al Ministerio Público de lo que pueda pasarle a Nin Pérez.
Dijo que ciertamente se está prejuzgando en la opinión pública a Nin Pérez, a quien calificó como un hombre honesto, cariñoso y de trabajo, cuyos familiares y amigos acudieron en masa a apoyarlo.
“Nosotros responsabilizamos al Ministerio Público de todo lo que le pueda pasar a nuestro cliente” sostuvo el profesional del derecho.
Sostuvo que las medidas de coerción son para determinar si el imputado puede estar en libertad durante el proceso, algo que él entiende que sí puede.
“No entendemos cómo un accidente de tránsito se ha convertido en una cacería de brujas” comentó Encarnación, quien de inmediato denunció las irregularidades que ha cometido el Ministerio Público durante el proceso, acusándole de filtrar documentos importantes para procurar una condena a su defendido.
“Quiero denunciar de manera formal las irregularidades del Ministerio Público. No sólo han mantenido el expediente secuestrado, sino que cuando hemos pedido una copia legible y se nos entregado un documento ilegible, vulnerando el derecho de defensa”, sostuvo Encarnación.
A la audiencia para conocer las medidas coercitivas contra Nin Pérez acudieron decenas de medios de comunicación, familiares, dirigentes sindicales y amigos del imputado.
En la mañana de hoy quedó suspendida la audiencia en la que se conocerían las medidas de coerción contra Nin, por la recusación al juez interpuesta por el Ministerio Público y la parte querellante.