La apertura del Hospital de Verón-Punta Cana marca un hito importante en la atención médica para los residentes de esta zona turística.
Sin embargo, apenas meses después de su inauguración, surge un problema administrativo que debe ser resuelto sin dilación.
Hablamos de la controversia en torno a la contratación de personal no residente en Verón-Punta Cana ni en la provincia La Altagracia.
Esto ha generado una oleada de críticas y descontentos. El personal de un hospital desempeña un papel primordial en la calidad de la atención médica que se brinda.
¿Por qué se ha optado por ignorar a los médicos y enfermeras de la comunidad donde opera este hospital, quienes están desempleados y listos para servir a sus conciudadanos? Es preciso resaltar que muchos de esos profesionales de la salud solicitaron incluso el cambio de residencia, con la intención de obtener un empleo en el Hospital de Verón-Punta Cana.
En cambio, otros médicos y enfermeras, luego de conseguir su designación, solicitaron el traslado a sus pueblos de origen, lo que evidencia una grave incongruencia en la selección de ese personal.
Esto no sólo pone en duda el compromiso de esos empleados, sino que también puede crear déficit en las atenciones hospitalarias a largo plazo. Los servicios médicos, como derecho fundamental, no deben verse comprometidos por decisiones administrativas impulsadas por intereses políticos.
Llamamos a las autoridades sanitarias a rectificar esta situación, y a asumir la contratación del personal atendiendo a criterios más objetivos y transparentes, en función de las necesidades del hospital y la población a la que sirve.
