El próximo lunes se cumple un mes de que la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo rechazara por tercera ocasión el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que además de esta instancia judicial ha sido objetada por varias dependencias del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, de manera inexplicable, la obra ubicada en el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana todavía mantiene su ritmo normal, muy al margen del dictamen judicial que considera esta obra lesiva para el interés público.
Tal y como se puede apreciar en las tres sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo, los promotores de ese aeropuerto no han cumplido con la documentación requerida, que incluye los informes técnicos pertinentes para la continuación de la obra aeroportuaria.
Los que impulsan el controversial proyecto actúan en franca contradicción con el dictamen judicial evacuado el 28 de enero de este año, y las labores de construcción del aeropuerto continúan igual que cuando fue irregularmente avalado por el pasa- do gobierno de Danilo Medina.
Las autoridades locales tienen facultad para motorizar el cumplimiento de lo que manda la ley, por disposición de un tribunal competente, exigiendo a los desarrolladores detener de inmediato los trabajos de construcción.
Y sin embargo no ha sido así. Los gobiernos municipales de Higüey y de Verón-Punta Cana no han reaccionado a la altura de las circunstancias, aun siendo testigos fieles del desacato en el que, de modo desafiante y arrogante, incurre la parte aludida por la referida sentencia.
Estamos, pues, frente a un comportamiento cuestionable, que debe ser resuelto sin demora y con respuesta categórica por las autoridades correspondientes, porque lesiona y crea un mal precedente para la correcta aplicación de justicia en nuestro país.
