En julio del 1999, el Estado domnicano firmó uno de los contratos más polémicos de las últimas décadas, por considerarse lesivo para los intereses nacionales.
Hablamos del acuerdo que cedió la administración de seis aeropuertos al consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). Esta negociación fue ampliamente cuestionada y rechazada por diversos sectores, sobre todo por las medidas compensatorias otorgadas a la empresa concesionaria, bajo la premisa de “un equilibrio económico” que le permitiera recuperar su inversión.
La compensación conferida por el Estado a Aerodom incluía privilegios como la exención total de impuestos durante la vigencia del contrato, y la gracia de retener la tasa de 1.30 dólares que debe pagar al Departamento Aeroportuario por cada pasajero que entre o salga del país.
Sin embargo, en franca contradicción con los argumentos que dieron al traste con el “equilibrio económico” concedidos por el Estado para proteger sus inversiones, en septiembre del 2008, Aerodom vendió sus acciones a la empresa Advent Internacional, por un monto estimado en 350 millones de dólares.
Esta cifra superó por mucho la inversión de Aerodom contemplada originalmente en el contrato, de casi 119 millones dólares. Ocho años después, Aerodom vendió de nuevo sus acciones a la empresa de capital francés VINCI Airports.
A modo de recibir algo a cambio, el Estado exigió que en dicho contrato se incluyera un Fondo de Promoción Turística, financiado por 85 millones de dólares, que Aerodom debió utilizar en promover la industria turística nacional.
Pero en más de 20 años de concesión, esta empresa no ha invertido nunca un solo centavo en la promoción de República Dominicana como destino turístico.
Y como consecuencia de su mal negocio con Aerodom, el Estado tiene que asumir el alto costo económico que supone esa gran responsabilidad.
