El conflicto entre la Junta Municipal de Verón-Punta Cana y la Alcaldía de Higüey por la creación de una Oficina de Planeamiento Urbano vuelve a generar debates en la provincia La Altagracia.
Mientras el director distrital Ramón Ramírez defiende la instalación de este organismo, basándose en la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Uso de Suelos, el alcalde Rafael Barón Duluc exige el cumplimiento de procedimientos técnicos derivados de esta legislación. Es importante recordar que en esta discusión los verdaderos afectados son los residentes de toda la provincia.
Un conflicto prolongado podría proyectar una imagen negativa de estos pueblos hermanos, y perjudicar proyectos y obras municipales en curso.
La Ley 368-22 establece pautas claras para el desarrollo urbano, con la posibilidad de que demarcaciones con más de 15,000 habitantes puedan gestionar su propio planeamiento, con respaldo técnico del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
No obstante, la aplicación de estos preceptos requiere un equilibrio entre normativas legales y la resolución efectiva de necesidades locales.
Invitamos a las partes en conflicto a buscar vías de entendimiento que permitan el diálogo franco y abierto y la cooperación constructiva, evitando a toda costa confrontaciones inflamadas e irreflexivas. La necesidad de un entendimiento entre las partes es imprescindible para preservar los intereses colectivos.
El futuro de Higüey y Verón-Punta Cana depende de la capacidad de sus líderes para trabajar en conjunto, anteponiendo el bienestar común sobre las diferencias individuales. La provincia La Altagracia merece una visión unificada que promueva el progreso sin divisiones.
