Cuando a finales del pasado año el Gobierno decidió flexibilizar las medidas adoptadas contra el covid-19, lo hizo plenamente consciente de que las amenazas que representa esta enfermedad todavía no habían pasado.
Por esa razón, en todo momento las autoridades fueron insistentes en la recomendación de que la parte que correspondía a la población era seguir cumpliendo el protocolo de prevención definido de manera oficial desde la llegada de la pandemia a nuestro territorio.
Enrostrarle ahora al Gobierno la alegada irresponsabilidad de haber ablandado el conjunto de restricciones anticovid, no es una actitud razonable, porque delega en una sola parte el resultado de la indisciplina colectiva mostrada desde el inicio de esta crisis sanitaria.
Ahora tenemos una nueva ola de contagios agravada con la variante ómicron, que apunta otra vez a la saturación de hospitales y a los consecuentes gastos multimillonarios que implican estas atenciones.
Diversos sectores han cuestionado la permisividad frente a eventos masivos, donde surgieron decenas de miles de casos positivos al covid-19. Y otros entienden que aunque se liberaran medidas que limitaban las actividades públicas, se debió al menos poner más atención a los denominados “teteos”, que generalmente ocurren en centros de diversión.
En esto último, el Gobierno debió ser más estricto, porque las reuniones que convocaron a mucha gente se convirtieron en grandes focos de contagios, que bien pudieron evitarse con firmes advertencias a sus promotores.
Aún así, mantenemos y defendemos la convicción de que el Gobierno ha tenido un buen desempeño para enfrentar esta pandemia, y que injusto sería cargarle culpas y consecuencias derivadas de comportamientos ciudadanos irresponsables y reprochables frente a esta enfermedad.
