Verón. En todo el territorio nacional, el mal estado de las carreteras y caminos vecinales representa el pan nuestro de cada día para muchas comunidades, donde el progreso prometido nunca llegó y cuyos habitantes exigen y merecen tener vías bien acondicionadas.
Gran parte de estas infraestructuras forman parte de proyectos ideados en los pasados gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente en las dos administraciones presididas por Danilo Medina, para ser mejoradas o reconstruidas. Para conocer a fondo esta realidad en la región Este, este semanario realizó una serie de cinco entregas de reportajes titulada “Vías al borde del colapso”, que dejó al desnudo no solo el incumplimiento de estas obras, sino también lo desproporcionado de unos presupuestos que tampoco nunca se ejecutaron.
La erogación de grandes sumas de dinero que lucen exageradas frente al deterioro que presentan esas vías, fue un denominador común en cada uno de esos reportajes. Hubo casos en los que se advierten diferencias abismales entre la trayectoria de los caminos que se pretendían reparar, y los montos liberados por el Ministerio de Obras Públicas para su ejecución.
Gran parte de esas obras apenas iniciaron, por lo que todavía evidencian el mismo grado de descalabro, mientras que en otras los equipos de trabajo ni siquiera llegaron, a pesar de contar con una aprobación presupuestaria sustentada en millonarias sumas de dinero.
El mal estado de esas carreteras y caminos vecinales ha sido caldo de cultivo de aparatosos accidentes de tránsito, con saldos trágicos de decenas de muertes y heridos. Y para los campesinos que viven del fruto de sus tierras, no contar con vías de acceso adecuadas para transportar sus mercancías, aleja más sus posibilidades para seguir produciendo en igualdad de condiciones.
Cada uno de estos reportajes aporta informaciones valiosas y puntuales, que pueden servir de punto de partida para investigar a profundidad el trasfondo de decenas de obras que permanecen inconclusas y envuelven escandalosas sumas de dinero. Las autoridades están obligadas a indagar por qué esos proyectos no fueron terminados, a pesar de tener los recursos estimados para su desarrollo, y establecer las responsabilidades correspondientes.