La sociedad dominicana está nuevamente inmersa en la vieja discusión sobre el futuro de la Policía Nacional, una institución fundamental para la seguridad individual y colectiva de los ciudadanos.
Las muertes en situaciones confusas de varios hombres con características similares obligan a reflexionar acerca del comportamiento institucional de la Policía, en un contexto de malestar e inconformidad generalizados.
La condena social resuena en los cuatro puntos cardinales, con fuertes críticas que apuntan directamente hacia sus directivos.
Reclamar la destitución del director de la Policía es la reacción más recurrente, aunque todos sabemos que la fiebre no descansa en las fibras de sábana.
Paradójicamente, mucha gente comienza a repudiar y mirar con el rabillo del ojo a los policías, una actitud alimentada por manejos incorrectos y violaciones constantes de sus propias normativas.
Gran parte de los escándalos que casi a diario impactan negativamente a la Policía surgen de situaciones relacionadas con el cumplimiento de su deber.
No todos los policías conocen las exigencias del Reglamento sobre el Uso de la Fuerza. Y por eso no saben cómo actuar cuando las circunstancias obligan someter al dominio de la autoridad a personas en conflicto con la ley.
Otras veces, los agentes se involucran en acciones delictuales o indelicadezas que riñen con el mandato de la ley orgánica que define el funcionamiento y principios básicos de la Policía.
La reforma se asume como única salvación del desbarajuste que ensombrece la imagen pública del cuerpo del orden. Entonces, ¿qué esperamos para avanzar en esa dirección? Debemos comenzar, sabiendo que los resultados no serán tan rápidos como los deseos pedidos a una lámpara mágica.
